Decretazo para regionalizar el control de las entidades de derechos de autor

Según se desprende del borrador, el decreto tiene tres puntos principales . El primero viene a solventar un problema sobrevenido al «caso SGAE». El Ministerio de Cultura, que tiene la competencia del control de las entidades de gestión, carece de fórmulas de sanción proporcionales a las posibles conductas indeseables de las entidades. Hasta ahora, Cultura sólo podía denegar la licencia a una entidad, es decir, la pena máxima. El Gobierno espera que, con esta medida se puedan modular los mensajes y no vuelvan a «crearse monstruos» como los que aparecieron al investigar a la SGAE.

El segundo punto dibuja un nuevo perímetro de control a las llamadas «actividades complementarias» que las entidades pueden desarrollar, de carácter asistencial o cultural, con el fin de establecer permisos e impedir que la creación de emporios mercantiles a través las fundaciones y empresas creadas por estas sociedades, como el llamado Arteria, que costó a la SGAE 300 millones de euros.

Hasta donde ha podido saber ABC, las entidades no conocen el texto articulado aún, pero ya expresaron en sus reuniones del verano con la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, su disposición a aceptar nuevas medidas de control, porque su prioridad es dignificar su labor de gestión de derechos de autor. Tras el escándalo SGAE, que en las entidades aprecian como «un problema grave pero que atañe solo a algunos directivos de una entidad », se ha dañado profundamente la imagen de todas ellas y aceptar controles es una buena política para las entidades «honradas».

Pero hay un tercer punto que traerá polémica: según algunas fuentes, el Gobierno ha negociado con CiU la inclusión de una «regionalización» de las entidades. Este extremo permitirá la creación de «una SGAE catalana» o de otras 17 entidades para la gestión de un derecho concreto. Conocedores de la legislación de propiedad intelectual consultados por ABC critican que el Gobierno quiera con este punto contradecir «todo lo que las directivas europeas y las legislaciones de otros países marcan como razonable, que es la fusión de instancias en una ventanilla única». Lo cierto es que esta competencia se recoge en el Estatuto de Cataluña, art. 155.

Las entidades temen también un caos «caro e imposible de gestionar». Desde el PSOE las tranquilizan diciendo que es un gesto muy difícil de llevar a la práctica, pero algunos autores ya se han movilizado en Cataluña para aprovechar la nueva oportunidad. Un diputado de CiU negó ayer a ABC tener conocimiento de esta negociación, informa María Jesús Cañizares. Miembros del PP consultados por este diario se mostraron sorprendidos por la noticia y admitieron no saber los puntos ni la inminencia en la aprobación de este decreto. Sin embargo el cambio preocupa, y mucho, en la actual cúpula de la SGAE.

Por otra parte, ayer el juez Pablo Ruz levantó el secreto de sumario sobre la investigación operación «Saga» que el pasado mes de julio llevó a la cárcel a José Luis Rodríguez Neri y a Rafael Ramos, responsables de la filial digital de la SGAE (en libertad bajo fianza en la actualidad), y a a pasar dos noches en el calabozo a Eduardo Bautista.

El juez de la Audiencia Nacional acordó levantar el secreto de la causa y admitió como acusación particular a cinco socios de la entidad, que se suman a José Miguel Fernández-Sastrón, candidato en las últimas elecciones de la SGAE, según informa Ep.

Según fuentes judiciales todos aquellos que se han presentado como acusación particular tienen un plazo de cinco días para designar a un abogado común después de que el magistrado haya entendido que deben compartir «una misma representación procesal» debido a «la convergencia de intereses» que existe entre ellos «por su condición de socios de la SGAE», algo con lo que no está de acuerdo uno de los socios, Luis Cobo Manglis, que apelará dicha decisión.