El juez José de la Mata propone juzgar a Ramoncín y a otros tres exdirectivos de la SGAE por las facturas irregulares

De la Mata ha adoptado esta decisión tras incoar una pieza separada desglosada de la causa principal abierta a ex directivos de la SGAE -entre ellos el expresidente Teddy Bautista- para permitir que se pueda abrir juicio contra estos tres imputados por los delitos de falsedad documental, apropiación indebida y administración fraudulenta.

Los hechos a los que se refiere esta pieza separada se circunscriben a la conducta desarrollada por Ramoncín, quien durante años, según explica el juez, «habría estado emitiendo y cargando a la SGAE facturas por supuestos servicios realizados para la misma, que en determinados casos no se corresponden con contraprestación alguna o son simuladas, todo ello con la connivencia de José Luis Rodríguez Neri, y, al menos en algunos casos, de Enrique Loras y Pablo Antonio Hernández».

El juez entiende que la investigación de estos hechos está ya prácticamente finalizada y su deslinde del resto de la investigación es posible tanto en el plano temporal como el subjetivo, sin que por ello provoque riesgo de ruptura a la causa. En los dos autos emitidos por el juez, uno para incoar la pieza separada de la causa principal y otro para la transformación en procedimiento abreviado de esa pieza -el equivalente al procesamiento-, el juez detalla todas las facturas investigadas que a su juicio podrían ser irregulares y a través de las cuales Ramoncín (bien el mismo o a través de su editora musical Júpiter Music), pudo obtener de modo ilícito fondos de las entidades del grupo SGAE por valor de 57.402 euros.

Una facturación y sus consiguientes pagos que presuntamente fueron consentidos por Rodríguez Neri (presunto cabecilla de la trama) y con intervención de los otros dos imputados, al menos en algunas de las facturas. Por cuatro de esas facturas emitidas entre 2008 y 2011, Ramoncín pudo cobrar irregularmente 43.950 euros.

Una de ellas se emitió a la sociedad Portal Latino para poner en marcha un programa de televisión llamado «El Creador» (cuya realización no consta) y las otras tres (una de ellas llamada «Caja fuerte virtual» y las otras dos a nombre del programa «¿Hablamos el mismo idioma?») a SDAE -filial digital de la SGAE-, de la que Neri era director general. En 2010, Ramoncín cargó otra factura por 6.962 euros «con el beneplácito» de Loras y Hernández Arroyo, y en 2011 obtuvo 6.490 euros con otra factura «que le fue permitido remitir a la SGAE» por Hernández Arroyo.

De la Mata sustenta estas imputaciones en las declaraciones que prestaron los cuatro imputados, los informes emitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la documentación aportada por la propia SGAE (contratos, facturas, justificantes de pago y transferencias). Todo ello revela la supuesta existencia de un entramado de empresas creado por Neri que «se habrían venido beneficiando de una exclusiva contratación con algunas de las entidades del Grupo SGAE», como la SDAE, Portal Latino o la propia SGAE, «constituyendo casi en forma exclusiva su principal fuente de ingresos». El supuesto desvío de fondos se llevó a cabo mediante una trama empresarial «parasitaria» de la entidad «ideada» por Neri.

El caso SGAE lo abrió en 2011 el exjuez Baltasar Garzón a raíz de la operación en la que fueron detenidos, entre otros, el presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Teddy Bautista, su director general, Enrique Loras, y el director financiero, Ricardo Azcoaga, así como la esposa de Neri, Antonia García, por su relación con la empresa Microgénesis, vinculada a su marido.

En noviembre, la Audiencia Nacional condenó a dos años y medio de cárcel al exdirector de Relaciones Corporativas de la SGAE, Pedro Farré López , por cargar en su tarjeta corporativa gastos en locales de alterne en horas nocturnas entre 2008 y 2009, que ascendieron a 40.000 euros.