Gestores de derechos Europeos piden a Cultura una compensación más justa

Y es un retroceso mensurable ya que han pasado, en el caso de Cedro, de recaudar unos 20 millones con el antiguo canon que pagaban los fabricantes tecnológicos, a recibir una poción -y no grande- de los 5 millones que Cultura destinará para todas las entidades.

Según explicaron los miembros de la Federación Internacional de Entidades de Gestión de Derechos Reprográficos (Ifrro) la reunión con Cultura fue cordial. Hablaron de las tres reivindicaciones principales que ya manifestaron el pasado octubre: la compensación por copia privada, la compensación por préstamo de libros en bibliotecas y las licencias. En España, según ellos, ninguna de las tres va bien.

En un panorama desolador a sus ojos, la compensación por copia privada ha sido convertida en una cantidad simbólica en España, que además pagan todos los contribuyentes, y las Administraciones no compensan con licencias su derecho a utilizar copias legales de obras en la educación, causando grave perjuicio en las publicaciones científicas y sus actualizaciones. Y, después de una riña legal de carácter europeo, España se decidió por aportar una cantidad por préstamo de libros que les parece nimia (unos 80.000 euros frente a los 10 o 12 millones de otros países europeos).

El secretario general de Ifrro, el noruego Olav Stokkmo, aseguró que desean «ofrecer la colaboración para encontrar una solución que ha de estar basada en los modelos de otros países». En su opinión «España debe garantizar una remuneración justa, según se plasma en la Directiva Europea sobre Derechos de Autor» y, sin embargo, se trata del «único país de la Unión Europea donde esta obligación es asumida a través de los Presupuestos Generales del Estado y su compensación es muy reducida», según Stokkmo.

El presidente de Cedro, el Centro Español de Derechos Reprográficos, Pedro de Andrés, fue más allá y definió la compensación como «ridícula» para repartir entre 20.000 socios, una «limosna» para escritores y traductores. La directora general de Cedro, Magdalena Vinent, criticó que el sector público «ni pague ni se licencie» y subrayó que actualmente la entidad tiene más dificultades con el sector público que con el privado para resolver la necesidad de comprar licencias que compensen por la copira, aunque declaró que «empresas como Microsoft o Google que compran licencias en otros países, en España no lo hacen».

Desde fuentes del Gobierno insisten en que el sistema actual de compensación es transitorio mientras la UE decide cómo armonizar los modelos entre los países miembros.