El CSIC ultima un plan de ajuste para corregir el despilfarro socialista en personal y obras

En las conclusiones y recomendaciones de un informe demoledor, a las que ha tenido acceso ABC, la Inspección advierte de prácticas como el desvío de fondos destinados a investigación para incrementar gastos corrientes y de personal. El informe fue solicitado por el propio presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, a principios de año, al poco de acceder al puesto, y se recibió el pasado mes de octubre. Según ha podido saber ABC, a la vista de estas conclusiones y recomendaciones, el CSIC presentará un plan de ajuste y viabilidad el próximo miércoles ante el Consejo Rector del organismo. Entre sus líneas maestras figuran el ahorro en personal; la paralización de nuevas obras y el cobro de deudas pendientes. En definitiva, se trata de optimizar los recursos y evitar el despilfarro en gastos superfluos.

Las conclusiones y recomendaciones del informe de Economía que dará pie a este plan de ajuste ocupan seis folios y se agrupan en siete puntos:

La Inspección del Ministerio considera que «la transformación del Organismo Autónomo CSIC en Agencia Estatal en el año 2007 no ha surtido los efectos de eficiencia y eficacia que se predicaban en la Ley de creación, puesto que se ha producido un excesivo aumento de la estructura burocrática del organismo, sobre todo en los puestos directivos, así como un trasvase de personal investigador a Administración y Servicios sin correlación demostrable de la mejora de resultados». Por ello, ve «aconsejable al menos reducir dicha estructura, de modo que se reduzcan los costes de funcionamiento, si no se desea retornar a la cualidad jurídica de Organismo Autónomo. En definitiva, se trata de reducir su dependencia excesiva de las subvenciones estatales, potenciando la investigación», señala el documento.

Economía refleja que el personal funcionario de la Agencia «es prácticamente el mismo» que cuando el CSIC era organismo autónomo, con un ligero incremento del 0,1% en el periodo 2009-2011, y constata que sus retribuciones han sufrido una disminución, de acuerdo con la actual política de austeridad. En cuanto al personal laboral, señala que se han reducido los fijos y, sobre todo, los eventuales (más del 16%, pero añade que «las reducciones se han concentrado en las áreas de investigación incrementándose, en cambio, respecto a Administración y Servicios».

A ello se suma «una disfunción importante» en materia de personal contratado «por la cantidad de sentencias favorables de los Tribunales de lo Social que han obligado al CSIC a convertir en trabajadores indefinidos a más de 400 contratados como laborales temporales».

Por ello recomienda fijar «controles más estrictos sobre los investigadores con personal laboral contratado para obra o servicio determinado».

El informe advierte de que el presupuesto inicial de gastos e ingresos «ha sufrido incrementos en base a modificaciones que en algunos casos han supuesto destinar fondos afectados a investigación a gastos corrientes, incluso incrementando los gastos de personal (laboral fundamentalmente) que tienen carácter limitativo por su importe inicial». «El modo de actuar en el manejo de fondos, aportando todos los ingresos al Remanente de Tesorería, para después aplicarlos a diferentes gastos, incumple los preceptos contables, como ha sido puesto de manifiesto reiteradamente por la Intervención Delegada, ya que no debe utilizarse para las ayudas a proyectos de investigación, que están afectadas y se deben contabilizar de modo separado», añade. No obstante, asegura, «este procedimiento ha sido autorizado por el Presidente», entonces Rafael Rodrigo, ya que una resolución suya del 5 de febrero de 2011 indicaba que «todos lo gastos que no se puedan afrontar con el presupuesto distribuido, puedan sufragarse con cargo a los “costes indirectos” de que disponen como consecuencia de la actividad investigadora, siendo estos detraídos de las ayudas para investigación».

La Inspección recuerda que la principal fuente de recursos propios del CSIC son los contratos y convenios con empresas y organismos que solicitan sus servicios y/o desean explotar las patentes de las investigaciones. Su conclusión es que, pese a la actividad creciente y la amplia demanda de empresas y entes públicos, los recursos por esta vía van en disminución «debido a la problemática gestión de cobro, que hace que no se consigan recaudar todos los derechos reconocidos (o al menos un porcentaje importante de ellos)».

«La inexistencia del Contrato de Gestión, elemento primordial para comprobar la eficiencia en la gestión de una Agencia Estatal, hace que no se puedan mostrar resultados», explica la Inspección, que insta a aprobar dicho documento «a la mayor brevedad».

«La planificación estratégica del CSIC carece de indicadores que muestren mejora de resultados según los costes, dado que se carece de una contabilidad apropiada», señala Economía.

El informe advierte de que la evaluación de los proyectos que se acogen a ayudas del Plan Nacional de I+D+i es «un procedimiento muy costoso, ya que cada proyecto se evalúa en cuatro ocasiones», por lo que ve conveniente simplificarlo, sin mermar la calidad ni la transparencia. En este sentido, sugiere que «si alguien presenta en concurrencia competitiva un proyecto que no supera una puntuación mínima, se le prohíba la presentación de nuevos proyectos en los tres años siguientes».