Los anhelos independentistas de Artur Mas chocan contra la legalidad

La posición del Tribunal Constitucional (TC) es «clara, expresa y contundente». Ahora, ha subrayado este miércoles el magistrado Enrique López , hay una posición común para las pretensiones del independentismo catalán. Las reglas del juego están escritas, y la declaración del TC invalidando la declaración soberanista de Artur Mas es la garantía de que cualquier acto que incumpla la Constitución tiene «consecuencias» conforme al ordenamiento jurídico.

Según López, el primer efecto de la resolución contra la declaración soberanía aprobada por el Parlamento catalán es la nulidad»: «Es nulo, nunca ha existido en lo que se refiere a conceptuar el pueblo catalán como sujeto político y soberano». En cuanto al derecho a decidir, el magistrado interpreta es una «aspiración política que hay que encauzar» conforme a la propia Constitución.

La Generalitat no se da por aludida. Su portavoz, Francesc Homs, ya avisó ayer de que la sentencia no alteraría los planes de la Generalitat ni frenará el proceso soberanista. «No tendrá ningún efecto», aseguró el consejero de Presidencia del Ejecutivo catalán en una entrevista en 8tv. El portavoz catalán aseguró que se puede entender como un aval a la negociación de la consulta que el TC abra la puerta a la constitucionalidad del concepto «derecho a decidir».

La realidad es que el TC ha tumbado uno de los puntos clave de la declaración de soberanía: la proclamación de Cataluña como un nuevo sujeto «político y jurídico soberano». Así, cada vez queda más lejos la idea de Artur Mas de poder convocar una consulta sobre la independencia dentro de la legalidad. El próximo 8 de abril se discutirá en el Congreso la petición del Parlamento catalán para convocar el referéndum de autodeterminación y el presidente de la Generalitat, que ha renunciado a defender su plan en el hemiciclo, cosechará una nueva derrota.

Y es que Cataluña no tiene competencia para convocar referendos. Por ello, una de las vías que propone supone recurrir al artículo 150.2 de la Constitución para que se transfiera esa potestad, tal como en su momento se hizo con las competencias de tráfico. La modificación de la Constitución española para permitir a las autonomías convocar este tipo de referendos, tal como había llegado a proponer el PSC (que finalmente ha decidido mantenerse al margen del proceso), exige un consenso imposible en estos momentos. Rajoy ha descartado que ahora sea el momento de abordar esa reforma, precisamente porque este proceso estaría contaminado por el caso catalán.

Así las cosas, la única posibilidad que le queda al Gobierno catalán de celebrar una consulta al margen de la autorización del Estado es el uso de la ley de consultas populares que está a punto de aprobarse en el Parlamento catalán. Esta normativa establece la posibilidad de que Cataluña pueda convocar una consulta no vinculante y sin permiso del Estado. Aquí es donde el contenido de la consulta es determinante, pues se trata de un asunto que afecta a la estructura territorial del Estado en el que no tiene competencias Cataluña. Tanto esa ley catalana como el hipotético decreto de convocatoria de consulta mediante esta normativa son susceptibles de ser recurridas ante el Constitucional.