El Tribunal de Justicia de la UE sanciona a España por la contaminación de sus aguas

El reglamento europeo obliga a los Estados miembro a controlar sus aguas e identificar las afectadas o que puedan verse afectadas por este problema. Un reciente informe de Ecologistas en Acción reveló que el año pasado cerca de 200 municipios tenían niveles de nitratos superiores a la norma. Sin embargo, este caso hoy sentenciado se remonta a 2015, fecha en la que Bruselas abrió un expediente a España que se convirtió en notificación oficial por incumplimiento de la normativa vigente desde 1991.

Con esta decisión, el Tribunal Europeo, que obliga a España a pagar las costas del proceso, considera que Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana han incumplido la obligación de designar como zonas vulnerables en ocho puntos de captación de agua por escorrentía (aguas superficiales) o por infiltración (aguas subterráneas). Además, la corte comunitaria condena a España por incumplir el precepto de la directiva de nitratos que obliga a establecer «todas las medidas obligatorias necesarias en los programas de acción». «No se reducirá esta contaminación si no se reduce la ganadería intensiva, es así de claro. La condena de hoy debe ser el empujón definitivo para pasar a la acción e ir a la raíz del problema: cambiar el modelo agroindustrial. Ya no valen más parches», advierte el responsable de Agricultura y Ganadería de Greenpeace, Luis Ferreirim.

Además, el TJUE sentencia que el Gobierno tampoco ha adoptado las medidas adicionales o acciones reforzadas necesarias en relación con la contaminación por nitratos en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. «Tomamos nota de lo que dice la sentencia y trabajamos desde ya con las comunidades autónomas para ejecutar lo que nos dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», ha afirmado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Greenpeace denuncia que, desde que se aprobó la Directiva de Nitratos, hace ya 30 años, los sucesivos Gobiernos de España y demás autoridades competentes han permitido el incremento del uso de fertilizantes y la descontrolada intensificación de la ganadería, principales causas de esta contaminación y perfectamente identificadas en el texto original de la Directiva.

La Directiva comunitaria se centra en la protección de la calidad del agua y evitar la contaminación procedente de fuentes agrarias y ganaderas. «Los niveles excesivos de nitratos pueden dañar las aguas dulces y el medio marino mediante un proceso conocido como eutrofización, al estimular el crecimiento excesivo de algas que asfixian otras formas de vidas y matan peces en lagos y ríos», señaló la Comisión Europea en la apertura de expediente al Gobierno de España.

Tras varios avisos, España aprobó una nueva normativa estatal plasmada en el Real Decreto 47/2022 del 18 de enero que establece umbrales más exigentes para designar zonas vulnerables e identificar aguas afectadas por nitratos. Entre otras cuestiones, esta norma modificó el límite para considerar las aguas subterráneas como contaminadas, reduciéndolo de 50 mg/l a 37 mg/l.

«En un período de sequía agravada y prolongada como la que estamos viviendo, las aguas subterráneas son de vital importancia. Sin embargo, debido a la desidia de unos y la codicia de otros, vemos cómo no las podemos utilizar para consumo humano – uso prioritario establecido en la legislación-, debido a la elevada concentración de nitratos. Cataluña es un claro ejemplo de ello. Pese a tener agua subterránea en abundancia bajo de sus pies, no la puede utilizar», concluye Ferreirim.

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Los niveles excesivos de nitratos pueden dañar las aguas dulces y el medio marino mediante un proceso conocido como «eutrofización», al estimular el crecimiento excesivo de algas que asfixian otras formas de vidas. También pueden originar un aumento de determinadas especies como las cianobacterias capaces de segregar toxinas (microcistinas).

En el caso de la salud, la legislación estatal establece el umbral máximo en 50 mg/l. Un rebase de este límite «debería ser considerado como un posible incumplimiento», refleja el Real Decreto 140/2003.

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad y recogidos por esta Ecologistas en Acción, al menos, un total de 214.851 ciudadanos se vieron afectadas por episodios de contaminación por nitratos en el agua potable en 2022. «Con toda seguridad, la cifra es superior» , advierten desde Ecologistas. «La causa de esta contaminación es bien conocida: principalmente, la agricultura y la ganadería industriales», advierte Greenpeace España.