El cartero ya nunca llama

La asamblea que la plataforma de residentes que tuvo lugar hace unos días sirvió para acordar concentraciones que tendrán lugar el próximo día 27 de febrero durante la celebración del pleno del ayuntamiento, así como el día siguiente en las oficinas de la empresa pública. Como medida de protesta, se conminó a los asistentes a acudir con el buzón en la mano para que les entreguen «in situ» los envíos que ya no llegan a su domicilio.

Tal y como explicó ABC hace unas semanas , los residentes tienen que acudir a la oficina postal para retirar personalmente los envíos ordinarios –la decisión no afecta a los certificados– o en su defecto presentar una autorización firmada para hacer lo propio con la de familiares, cónyuges u otros habitantes de la casa. Además, las cartas y paquetes sólo son consignadas durante 15 días antes de ser devueltas a origen.

Sin embargo, esto está siendo también motivo de conflicto. Según se expuso en la asamblea, un contribuyente llegó a llamar a la Guardia Civil porque se negaron a proporcionarle las entregas que no iban estrictamente a su nombre al no disponer en ese momento del DNI de su esposa e hijos o en su defecto el libro de familia.

Además, se ha denunciado la creación de una «cola discriminatoria» destinada a las urbanizaciones por los retrasos que causa, mientras al resto de usuarios de otras direcciones se les atiende del modo habitual. Ubaldo Peón, vecino de la zona, muestra su indignación «sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría somos propietarios de parcela además del inmueble, por lo que pagamos una cantidad considerable de IBI». En La Almajada, otro importante núcleo de población, se han denunciado también retrasos en la entrega de los certificados y los consecuentes problemas a la hora de recibir notificaciones o requerimientos administrativos. Las anécdotas no acaban aquí. Se dan situaciones paradójicas como la de una calle de Río Park, donde el cartero se da la vuelta en la mitad de calle que pertenece al término municipal de Alicante. La retirada del servicio afecta a las zonas que no cumplen con los requisitos de densidad y volumen establecidos: 10 viviendas o 25 habitantes por hectárea y al menos una media de cinco cartas semanales.

Dos son las alternativas que ofrece la empresa. La primera es contratar un apartado de correos en la oficina, el cual tiene un coste de unos 80 euros anuales y no soluciona el problema del desplazamiento. La otra es la instalación de buzones pluridomiciliarios en una zona a determinar en cada área, donde el cartero repartiría de una sola vez los envíos. Los vecinos se oponen porque tendrían que correr con el coste de los desperfectos ocasionados, mientras presidentes de urbanizaciones como Río Park se niegan a ser responsables de posible violabilidad de la correspondencia.

Mientras se alcanza una solución que satisfaga a todos, el caos sigue en la oficina postal de un municipio que, según aseguran los presidentes de la asociación, es experiencia piloto junto a otros de la provincia y Baleares para conocer los pros y los contras antes de su implantación en España.