La petición de ayuda a la banca se limitará a 40.000 millones

Los que suspenden la prueba son los cuatro grupos nacionalizados -BFA-Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia- a los que se añaden Popular-Pastor, BMN y Liberbank. Los requerimientos de Bankia ascienden inicialmente a 24.000 millones de euros, una cifra superior a la solicitada por el nuevo equipo gestor y que equivale a la mitad de las necesidades totales.

Pero si se toman en cuenta las fusiones en marcha y los efectos fiscales, la cifra total de las necesidades de estos grupos baja a 53.745 millones. Y de esa cantidad habría que restar un tercio, porque muchos activos se traspasarán al ‘banco malo’, algunos propietarios tendrán que sufrir una quita y hay entidades dispuestas a captar capital por sus propios medios, sin tener que solicitar la ayuda. Es el caso del Banco Popular. La entidad ha comunicado que los 3.200 millones requeridos para un escenario extremo los obtendrá sin ayudas públicas, al tiempo que recuerda que siempre ha obtenido los recursos necesarios “a través de la retención de beneficios y la aportación de capital de sus accionistas”.

El secretario de Estado de Economía ha presentado los datos de este examen de septiembre acompañado del subgobernador del Banco de España y director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Fernando Restoy. Ambos han dado por hecho que los dos grupos de cajas en proceso de fusión, Unicaja-CEISS y el liderado por Liberbank, junto con Ibercaja y Caja3, siguen dispuestos a continuar por esta vía. Han precisado, no obstante, que podría darse el caso de que las entidades que integran estos proyectos procedan a realizar algún saneamiento previo, individual o colectivamente.

Jiménez y Restoy han destacado que siete grupos bancarios –Santander, BBVA, CaixaBank-Cívica, KutxaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja-CEISS (Caja España-Duero), que representan el 62% de la cartera crediticia del sistema financiero español, pasan los requerimientos del escenario más extremo con holgura, y no tienen necesidades adicionales de capital.

Las cuatro entidades con mayores exigencias, que son las nacionalizadas, ya han comenzado a trabajar, junto con las autoridades nacionales y europeas, en los correspondientes planes de reestructuración. En las tres restantes se abre un plazo, desde ahora mismo, para determinar si son capaces de cubrir sus necesidades por propios medios, o si van a precisar ayudas públicas.