Las varas de medir del progresismo

La doble vara de medir con que a menudo se deleita la izquierda, como rasgo identitario de su demagogia en política, carece de límites. El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara , fue tan intransigente con los tres diputados autonómicos comunistas que permitieron al popular Monago acceder a la presidencia regional, como benéfico, generoso y comprensivo con el falso “robin hood” Sánchez Gordillo. A los primeros, por abstenerse en la sesión de investidura de Monago y desobedecer a la dirección federal, les expedientó y amenazó con la expulsión de la coalición. Indudablemente, el futuro de Pedro Escobar está escrito con letras de barro en Izquierda Unida, y sólo podría salvarle la operación puesta en marcha por el PSOE para plantear cuando convenga una moción de censura contra Monago .

Sin embargo, a Sánchez Gordillo, un tramposo que finge aspirar al imposible de renunciar al privilegio de su aforamiento sin abandonar su escaño –y manteniendo su sueldo de diputado andaluz-, Izquierda Unida ni siquiera amaga con abrirle un expedientillo de trámite por haber participado en el robo de supermercados. A unos, por ejercer el legítimo derecho de votar en conciencia en una Cámara autonómica, se les organiza una campaña de desprestigio de órdago, se les amenaza por tierra, mar y aire, y se les pisotea. A otro, que se pasa por el arco del triunfo el Código Penal y la ética política que la propia IU establece en sus estatutos internos, se le justifica, se le ampara y hasta se le jalea. “Ha abierto el debate”, ha sentenciado Cayo Lara.

Más ejemplos: el del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional Andrés Ollero, designado –por turno de reparto, según las normas internas del TC, y no por capricho de nadie- ponente para la futura sentencia sobre la Ley del Aborto aprobada en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE ha iniciado una campaña para despojarle de la ponencia. La razón: Ollero, ex diputado del PP, es un hombre de profundas convicciones religiosas claramente opuesto al aborto, y por eso hay que impedir a toda costa que redacte la sentencia. Nada alegaba el PSOE cuando, por ejemplo, el que fuera vicepresidente ¡del Constitucional! era Luis López Guerra, posteriormente “número dos” del Ministerio de Justicia del Gobierno de Zapatero. O cuando Eugeni Gay, progresista y católico, también dejaba entrever su tesis contraria al aborto. Pero la progresía seguía viéndole como “uno de los nuestros”, con eterno agradecimiento a otros servicios prestados a las “infinitas ansias de paz” del ex presidente del Gobierno. Véanse, sin ir más lejos, los cinco escaños de Bildu en el Congreso, o la presidencia de la Diputación de Guipúzcoa.

El de Ollero, sobre el aborto o sobre cualquier otro recurso que espere agónicamente en el TC a ser resuelto entre viaje y viaje de sus miembros, es solo un voto sobre doce. Y si la mayoría vota contra el criterio del ponente, éste tendrá que renunciar a la ponencia. Ocurre todos los días en todos los Tribunales de Justicia de España. ¿La novedad? La burda campaña de un partido, el PSOE, cuyos votos, por cierto, fueron imprescindibles para que Ollero fuese designado magistrado del Constitucional.