Bienvenido a la república independiente de Google

De julio a diciembre del pasado año, se cursaron 43 solicitudes desde organismos españoles. Haciendo caso a estas cifras, han cumplido de «forma parcial o total» con el 37% de las mismas. Destacan especialmente 14 peticiones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que afectarían a un total de 270 enlaces que apuntan «a blogs y medios de comunicación» que informan tanto de personas privadas como públicas. Google ha dado carpetazo a estos expedientes porque considera que acatar estas peticiones sería «censura», un término que al debate de la libertad en Internet suele tener el mismo efecto que el fuego a la gasolina. Dorothy Chou, una analista de la compañía, escribió en el blog oficial que los datos «son alarmantes» porque algunos de estos ruegos «proceden de países poco sospechosos y democracias occidentales» que no se relacionan con estas prácticas. La AEPD responde que no pide la eliminación de contenidos sino que se frene su difusión cuando carecen de «actualidad y lesionen derechos». El asunto de la indexación de contenidos ha llegado hasta el Tribunal de Luxemburgo, que todavía no ha dictado una sentencia que será de obligado cumplimiento en los países miembros de la UE.

Google ha creado en Internet una república independiente que no siempre responde a las normas de los países que la nutren de usuarios. Chou aseguró en su momento que la empresa busca una ponderación «entre el respeto a las leyes locales y la censura». Esta lectura de carácter arbitrario puede tener resultados tan diferentes como la negativa recibida por países como España o Pakistán hasta la cancelación de cuentas de Gmail en Reino Unido, pasando por el caso alemán, donde se restringió el acceso a varios contenidos que vulneraban leyes sobre la protección a la infancia. Sin embargo, estos vídeos siguen accesibles siempre que uno se conecte desde fuera de las fronteras germanas.

«Lo inquietante es que sea una empresa privada y con sede en EE UU la que decida por encima de gobiernos en el mundo, y de jueces que debe y que no debe salir», afirma Alejandro Suárez, autor del libro 'Desnudando a Google', que recoge las vivencias de este empresario e inversor del sector tecnológico con el gigante de Internet. «Para ellos hay países de primera y de segunda. Actúan en su propia conveniencia. En su día firmaron un contrato con el Gobierno chino para censurar contenidos de insurgentes y del Tíbet. Y aquello no les causó ningún reparo», argumenta Suárez, que añade que tildar de intentos de censura las peticiones de la AEPD es «una respuesta infantil».

Conseguir que un enlace desaparezca de Google parece algo tan improbable como solucionar un cubo de Rubik que ha sido sobado por 300 manos. «Se puede salir pero no con su ayuda», afirma Samuel Parra, director de Eprivacidad, una empresa que ofrece un servicio para eliminar contenidos que atenten contra el derecho a la intimidad en Internet. Cuenta que uno de los principales problemas reside en que las filiales que Google tiene repartidas por el mundo siempre alegan que ellos «solo gestionan la publicidad» y no tienen la capacidad técnica para retirar estos vínculos y te remiten a la oficina central en California que «nunca responde», una «actitud radicalmente diferente» a la de Yahoo!.

Parra explica que la otra opción es la creación de «una identidad digital» que genere contenidos a través de redes sociales y blogs para que el resultado a eliminar «pierda visibilidad». «Hay que tener en cuenta que muchos de los que acuden a nosotros lo hacen por una mención en un boletín que si no fuese por Google sería imposible de localizar», advierte. Que el autor elimine el contenido o incluya especificaciones para que los buscadores omitan esa información «no siempre es sinónimo de éxito» porque, en muchos casos, esos datos quedan almacenados en los servidores de Google y siguen apareciendo en las búsquedas.