Putin endurece todavía más la posibilidad de manifestación en Rusia

La nueva ley, que contiene nuevas multas y castigos administrativos en caso de violación de las normas en manifestaciones, reuniones, mítines y piquetes, fue aprobada con el respaldo de 241 diputados oficialistas, mientras 147 parlamentarios rusos votaron en contra.

La controvertida ley recibió el visto bueno de la mayoría parlamentaria tras un maratoniano debate que se prolongó durante más de 11 horas, debido a los cientos de enmiendas interpuestas por la oposición.

En señal de protesta, 60 diputados del partido socialdemócrata Rusia Justa abandonaron la sala tras la aprobación del proyecto de ley en segunda lectura y no participaron en la votación definitiva.

La nueva ley estipula unas multas máximas de hasta 300.000 rublos (casi 8.000 euros) para las personas físicas que infrinjan las normas, aunque ofrece como alternativa el cumplimiento de 200 horas de trabajo social.

En el caso de los cargos públicos la multa máxima será de hasta 600.000 rublos (unos 14.000 euros) , mientras a las personas jurídicas les correspondería pagar un millón (24.000 dólares), cifras consideradas desorbitadas por la oposición .

Mitrojin opina que las «prisas» del partido Rusia Unida responde a su intención de aprobar las nuevas medidas administrativas antes de la multitudinaria protesta convocada por la oposición para el Día de Rusia, el próximo 12 de junio.

«El objetivo es reprimir toda manifestación opositora. La versión aprobada hoy en segunda lectura es peor que la original, ya que estipula castigos para cualquier infracción menor, mientras las multas son desorbitadas», denunció.

De hecho, la ley incluye multas de entre 20.000 (480 euros) a 30.000 rublos (700 euros) para los que organicen actos públicos sin haber informado de ello a las autoridades pertinentes.

En caso de que el mitin en cuestión interrumpa el tráfico, la circulación de los viandantes, sobrepase el número de asistentes acordado u obligue al despliegue de un dispositivo adicional de fuerzas del orden, el organizador deberá pagar 1.200 euros.

Además, tanto los organizadores como los manifestantes tendrán que pagar hasta 7.000 euros si sus acciones causan prejuicio a la salud de otra persona o daño al mobiliario urbano.

¿Cuál es el objetivo de los legisladores? ¿Que no haya daños personales o que no haya mítines? «En el primer caso, el objetivo es legal, en el segundo, anticonstitucional» afirmó Mijaíl Fedótov, jefe del Consejo de Derechos Humanos (CDH) adscrito al Kremlin.

Fedótov, quien considera que la ley viola las obligaciones internacionales de Rusia, cree que las multas no se corresponden con el nivel de vida del ciudadano medio.

La ley también introdujo medidas administrativas en caso de infracciones en los popularmente conocidos como «gulianie» (paseos), pacíficas y festivas marchas populares organizadas recientemente por escritores y músicos por las calles de Moscú.

La Duma también aprobó la creación de espacios especialmente habilitados en cada región del país para la celebración de acciones y debates públicos , a imagen y semejanza del Hyde Park de Londres.

La oposición al Kremlin considera que la ley pretende acallar el ánimo contestatario en la sociedad rusa , escenario desde diciembre pasado de las mayores protestas contra el Gobierno desde la caída de la Unión Soviética.

A su vez, Mitrojin tachó de falsas las afirmaciones del Presidente ruso, Vladímir Putin, quien defendió ayer en la cumbre UE-Rusia la nueva ley como una homologación de la legislación nacional a las normas vigentes en otros países europeos.

«Es mentira. En los países europeos rige el Estado de derecho. En esos países los tribunales son independientes y no dan siempre la razón a la Policía, como ocurre en Rusia», aseveró.

El opositor considera que las autoridades quieren situar fuera del marco legal a la oposición más radical al Kremlin para lograr que se vuelva marginal, como ya ocurrió en las protestas del 6 de mayo, que desembocaron en choques violentos y casi medio millar de detenidos.

La ley entrará en vigor en cuanto sea aprobada por el Senado y promulgada por el presidente , lo que, según los analistas y la oposición, ocurrirá esta misma semana.EFE