El nuevo copago farmacéutico salva a los parados y a los jubilados con menos recursos

La ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció estos cambios tras pactarlo con las comunidades autónomas. Casi todos los consejeros, a falta de Andalucía, acompañaron a la ministra a la rueda de prensa para apoyar su discurso. Mato aseguró que la intención del Gobierno con el nuevo copago farmacéutico no era «recaudatorio» y pidió «perdón» por tener que tomar esta medida que evitaban otros copagos sanitarios. «Que la asistencia sanitaria siga siendo gratuita», dijo.

Hasta ahora los ciudadanos activos pagaban el 40 por ciento del premio de los medicamentos recetados en la sanidad pública. Los pensionistas no tenían que pagar nada y los enfermos crónicos activos solo el 10 por ciento de sus medicamentos.

En dos meses, cuando entre en vigor la reforma sanitaria, eso cambiará. Los pensionistas deberán pagar el 10% de su valor, aunque establece una catidad máxima de ocho euros al mes para las rentas de hasta 18.000 euros y un tope de 18 euros para los jubilados con rentas más altas. Los jubilados con pensiones no contributivas quedarán exentos de cualquier cantidad.

La población activa pasará de pagar el 40% a un 50 o un 60% si declara más de 100.000 euros de sueldo anual.

Para evitar dañar a la población más vulnerable, no se cambiará la situación de los enfermos crónicos, que seguirán aportando el 10% del precio de medicamentos como hasta ahora. Los trabajadores activos con una renta baja, sin obligación de tributar en el IRPF y las familias numerosas seguirán aportando el 40% del precio de los medicamentos.

El Gobierno ha optado por esta medida en lugar de imponer una tasa de euro por receta como decidió Cataluña. Si se hubiera extendido la medida catalana al resto de España, el Gobierno habría podido recaudar unos 1.500 millones de euros anuales. La ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguró que la opción del copago es más justa que la catalana.

El nuevo cálculo de costo farmacéutico se aprobará por decreto en el próximo Consejo de Ministros y se calcula que entrará en vigor en los próximos dos meses.

Las medidas acordadas con las comunidades incluye reformas para acabar con el llamado «turismo sanitario» , es decir, por la llegada de extranjeros que se aprovechan del sistema español de salud de modo indebido. Mato anunció que se modificará la Ley de Extranjería para evitar que utilicen la tarjeta sanitaria española ciudadanos extranjeros que no pagan impuestos en España y no contribuyen al mantenimiento de la Sanidad. Por esta vía se espera ahorrar hasta 1.000 millones de euros.

La ministra de Sanidad también ha dejado caer una bajada de precios a algunos medicamentos que negociará con la industria farmacéutica. No será una bajada lineal como hizo el anterior el equipo de Gobierno. El Ministerio exluirá del vademécum algunos de los fármacos considerados obsoletos. No exluirá, de momento, los medicamentos baratos utilizados en el tratamiento de síndromes menores como las lágrimas artificiales, los antidiarréicos o los antitusivos, como se había valorado.