La expropiación de YPF por parte de Argentina es «ilícita», según Repsol

Repsol indica en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el proyecto de ley remitido por el Gobierno argentino al Parlamento, en el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de YPF, afecta a las acciones Clase D de la empresa, todas ellas pertenecientes a la petrolera española.

En su opinión, la medida supone un "patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF " y se adopta sin que se haya "justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma". De esta forma, la expropiación vulnera "los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora internacional", de modo que Repsol "se reserva expresa y plenamente todos los derechos y acciones que pudieran corresponderle".

En concreta, la compañía presidida por Antonio Brufau anuncia acciones "conforme al Derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo el tratado de protección de inversiones Argentina-España".

Por otro lado, cifra en 4.122 millones el valor contable de su participación del 57,43% en YPF e indica que la filial aportó en 2011 un 25,6% del resultado operativo del grupo y un 21% del resultado neto. Como consecuencia de la medida adoptada por el Gobierno argentino, señala, la deuda neta del grupo se reducirá en aproximadamente 1.600 millones de euros.

Repsol recuerda que en la actualidad mantiene un préstamo con el Grupo Petersen valorado a finales de 2011 en 1.542 millones de euros y que durante el año pasado las inversiones de explotación de YPF supusieron el 33,7% de las totales del grupo. Además, señala que, además del proyecto de ley, el Gobierno argentino ha aprobado un decreto de Necesidad y Urgencia , efectivo desde este lunes, que dispone la intervención de YPF por un plazo de 30 días y que nombra como interventor de la compañía a un ministro del Gobierno, con todas las facultades del consejo de administración de la empresa.