La Generalitat lleva ahora los recortes drásticos a ancianos y discapacitados

La sanidad catalana lleva meses con un pie en la UCI a raíz de los drásticos recortes impuestos por la Generalitat, que le han obligado a cerrar quirófanos, aplazar pruebas, clausurar consultas e imponer dolorosos sacrificios en los sueldos de sus profesionales. No menor ha sido el «tijeretazo» educativo que ha perpetuado las aulas prefabricadas, ha paralizado inversiones y ha obligado a congelar plantillas en un momento de gran sensibilidad en el sistema ante la llegada de 15.000 nuevos alumnos.

Después de médicos y profesores, ahora le llega el turno a los ancianos y discapacitados. La Consejería de Bienestar Social y Familia anunció ayer que aplazará durante dos meses el pago de las ayudas a los geriátricos y centros de discapacitados concertados y colaboradores alegando «falta de liquidez», retraso que afectará a 142.000 usuarios —58.000, según el Gobierno—. El pago postergado corresponde a los meses de septiembre y octubre, y el Ejecutivo autonómico prevé que antes de fin de año los centros afectados recuperen esta cantidad. La Consejería matizó que las residencias concertadas no cobrarán el importe entero del concierto que perciben por plaza de septiembre y octubre, y que las colaboradoras sólo recibirán el 65 por ciento de la factura durante este mismo periodo. Añadieron que los centros, al ser concertados y colaboradores, no se quedarán sin ingresos ya que también cuentan con otros fondos propios. El consejero de Economía y Finanzas, Andreu Mas-Colell, hizo hincapié en que el aplazamiento de los pagos es «a corto plazo y estrictamente transitorio» .

El sindicato CC.OO. criticó al Gobierno de Mas por «hacer pagar la crisis a las capas más débiles de la sociedad». El Tercer Sector recordó que la congelación de las ayudas a estos centros «dejará a muchas personas indefensas desatendidas». Por otro lado, el propio Cleries recordó que cerca de un 19% de los 34.000 beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción no la han cobrado en los últimos dos meses ni han solicitado hacerlo, tras la decisión del Ejecutivo catalán de endurecer los requisitos para obtenerla. Mientras el frente social se prepara para una nueva embestida de la tijera de Mas, el sector sanitario seguía ayer convulsionado por las últimas medidas anunciadas por la consejería de Salud, que prevén una rebaja salarial de entre 400 y 1.200 euros, para médicos y enfermeras en su paga de Navidad. Los Hospitales Clínic de Barcelona y de Granollers pactaron ayer medidas de ajuste para evitar despidos. En el primero, plantearon renunciar al 30% de la paga de beneficios —medida que votarán entre mañana y el viernes— este año y el que viene para frenar un ERE. La medida representaría un ahorro de 2,3 millones de euros. En el Hospital de Granollers, los profesionales ratificaron un acuerdo que prevé nuevas rebajas de sueldo para frenar un ERE sobre 200 personas. Paralelamente a estos pactos laborales, los médicos de los ocho hospitales del ICS, proveedor sanitario público, siguen organizándose para frenar las nuevas medidas de ajuste del Gobierno de Mas. Hospitales como el de Viladecans, Bellvitge o Trias i Pujol de Badalona ya se han plantado ante las exigencias economicistas del Ejecutivo autonómico y Vall d'Hebron ha anunciado huelga para octubre.

Por ahora, el ICS ya ha confirmado que en sus centros no habrá cirugía ni consultas externas en el Puente de la Constitución. El Colegio de Enfermería criticó duramente la rebaja salarial y UGT advirtió de un «éxodo de sanitarios». Mañana, los profesionales decidirán si aceptan volver a bajarse el sueldo.