Polémica cesión de un edificio a CC.OO.

Los funcionarios que serán trasladados denuncian que el proyecto del ministerio «constituye un coste innecesario y evitable» en tiempos de austeridad que, además, «no mejorará la calidad del servicio público que se presta» y que «no satisface ningún interés general, sino única y exclusivamente, el particular y concreto de una organización sindical».

Fuentes de Fedeca (Federación de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado) han indicado a ABC que la Comisión Consultiva del Patrimonio Sindical ya ha aprobado la cesión de Pío Baroja, 6 a CC.OO., pero desconocen si el subsecretario del MTIN ha estampado ya su firma (tiene poderes para ello), con lo que la entrega se habría consumado. «Nosotros nos hemos personado en la causa pero nadie nos ha comunicado que se haya producido dicha firma», señalan desde Fedeca.

«No pretendemos cuestionar el derecho de las organizaciones sindicales y empresariales a la cesión de bienes inmuebles que formen parte del patrimonio sindical acumulado, pero sí hay que advertir que esta sería la primera vez que se cede un edificio “lleno”, es decir con trabajadores dentro, lo que va a acarrear un coste innecesario y evitable», añaden las mismas fuentes de la Federación.

El inmueble se encuentra en un enclave privilegiado de Madrid. En medio de una zona residencial de alto «standing», tiene una superficie construida de 13.000 metros y está a dos pasos del Retiro. Tiene cuatro plantas con oficinas y salas de juntas, un sótano y, además, 45 plazas de garaje. Aquí trabajan, desde hace veintiséis años, 210 empleados de la Dirección General de Trabajo, la Dirección General de Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas, así como la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.

Los propios funcionarios comentan que esta cesión «supone una cantidad de dinero fácilmente valorable si tenemos en cuenta el precio del metro cuadrado en pleno distrito de Retiro».

A finales del pasado mes de mayo, los funcionarios y trabajadores de Pío Baroja, 6 —que ya sabían que iban a ser trasladados a otras dependencias ministeriales en la calle Infanta Mercedes, 31—, escribieron al subsecretario del Ministerio de Trabajo e Inmigración para dejar constancia de su malestar por este traslado. Lo hacían —señala la carta— por los derechos laborales adquiridos, por la conciliación de la vida laboral y familiar y en contra de los costes de traslados innecesarios. Llegaron, incluso, a participar en una concentración a las puertas del edificio, tan goloso, que ahora se cede al sindicato comunista.

«En la actual coyuntura económica —le dicen al subsecretario—, el traslado de una dependencia administrativa debería responder únicamente a una reorganización dirigida a reducir costes y a mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, debiendo llevarse a cabo siguiendo criterios de racionalidad y ahorro, circunstancias estas que no nos constan en modo alguno que concurran en el caso que nos ocupa».

Aseguran los trabajadores que la cesión a CC.OO. del edificio y el consiguiente traslado que provoca «no está justificado por ninguna reestructuración administrativa, ni por una necesaria o conveniente reordenación de los efectivos... Ni, desde luego, por una reducción del gasto público». En ese momento (mayo de 2011), los funcionarios solicitaban un informe desfavorable a la cesión del edificio a CC.OO., lo que no han logrado.

Además, insisten al alto cargo del Ministerio que antes de tomar una determinación, como parece que no ha ocurrido, consulte el Estatuto Básico del Empleado Público donde se dice cómo actuar para los supuestos casos de traslado de instalaciones.