Así castigó la Segunda República a la prensa libre: «Ni con Primo de Rivera fue tan dura»

La medida no era ni la primera ni la última de las que se establecieron durante la Segunda República contra los periódicos que alzaron la voz contra el nuevo régimen. Más allá del paraíso de libertad de expresión que se supone para un sistema democrático y constitucional, lo cierto es que el régimen establecido el 14 de abril de 1931 estuvo plagado de amenazas a periodistas por parte de las instituciones públicas, multas económicas a los órganos de prensa que no eran afines al Ejecutivo, cierres por semanas de cabeceras importantes, secuestro de ejemplares, encarcelamiento de directores, censura previa y actuaciones de todo tipo que rozaban a veces el absurdo. Y eso que España acababa de salir de una dictadura, la de Primo de Rivera.

En Ávila, por ejemplo, un diario fue sancionado por reclamar que la entrada a los museos fuera gratuita los domingos, lo que fue considerado como una «campaña contra la República». ABC fue censurado y multado en varias ocasiones por defender sus ideas: «Seguimos y permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, el orden, el derecho…», aseguraba el histórico editorial del 15 de abril de 1931 . Y después otros muchos diarios comenzaron a alzarse contra este flagrante ataque contra la libertad de expresión.

La respuesta del Gobierno fue siempre la misma. Periódicos nacionalistas como «Euzkadi» y «Bizkaitarra», católicos como «La Gaceta del Norte», «Adelante» y «La Tarde», semanarios como « Blanco y Negro » y otras cabeceras como «La Ribera Deportiva», «El Fusil» o «El Siglo Futuro» fueron reprimidos de una forma u otra. Da igual la tendencia, todos eran susceptibles de atentar contra el orden establecido y todos sufrieron la mano censora del régimen.

Aunque la « Ley de Defensa de la República » y la « Ley de Orden Público » de octubre de 1932 han sido consideradas impropias de un sistema democrático por muchos historiadores, lo cierto es que ya Niceto Alcalá-Zamora había arremetido antes contra la prensa. La primera, en mayo de ese años, después de que la Guardia Civil reprimiera una manifestación anarquista en la que murieron ocho personas. A raíz de aquello, las autoridades se dedicaron a amenazar a los periódicos con su cierre si contaban la noticia.

Las leyes anteriores endurecieron estas medidas y nuevos periódicos fueron censurados. El ministro de Gobernación, Casares Quiroga , trató de tranquilizar a los periodistas y llegó a reunirse con ellos para prometerles que el Gobierno respetaría la libertad de crítica en los medios de comunicación. Pero un mes más tarde ABC era multado con 1.000 pesetas y sufría una nueva suspensión de tres días. «Yo no hubiera querido sancionar a la prensa –dijo Quiroga–, pero ante los ataques a las Cortes Constituyentes, que tienen que merecer el máximo respecto, he tenido que obrar en la forma que he dicho».

Muchos expertos han coincidido en que hasta su anulación, en 1933, la «Ley de Defensa de la República» era impropia de un sistema democrático. Sobre todo cuando la constitución de entonces decía: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión y sin sujetarse a la censura previa».

Los diarios católicos, monárquicos y antirrepublicanos encontraron muchas dificultades para salir a la calle o reaparecer tras una suspensión en la primera etapa de este periodo republicano. Y lo mismo ocurrió después con las cabeceras de tendencia contraria tras la victoria del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933.

Para hacerse una idea, la primera suspensión e incautación de ABC, el 10 de mayo de 1931, después de que su director, Juan Ignacio Luca de Tena, acudiera a una reunión en el Círculo Monárquico Independiente, le costó al periódico más de 830.000 pesetas. Y la suspensión de tres meses y medio en 1932 , casi 2.400.000 pesetas de la época, pues los 837 obreros, 67 redactores y 81 empleados que tenía en aquel entonces este diario continuaron cobrando sus sueldos.

Las protestas crecieron e incluso se llegó a crear una « Liga Defensora de la Libertad de Prensa » a la que pronto se adhirieron más de 100 cabeceras, pero las suspensiones no se detuvieron: «El Día», «Easo», «La Constancia», «El Diario de Navarra»… Y con la nueva « Ley de Orden Público », en 1933, las cosas no fueron muy diferentes. La derecha cayó en los mismos abusos, con la única diferencia de que ahora eran los periódicos del otro sector político los que sufrían la arbitrariedad.

Seis años de continuas batallas entre la prensa y el Gobierno que resultan paradójicas si tenemos en cuenta que la mayoría de los ministros había dirigido algún diario en los años precedentes, cuando se inició la Segunda República. Por ello que la «República de periodistas», como la calificaron muchos, haya sido considerada por muchos como la historia de una oportunidad perdida.