El juez Ruz cerca al Gobierno al exigirle sus actas del diálogo con ETA

En ese requerimiento, el magistrado se refería a la reunión que se habría producido en Francia el 22 de junio de 2006, dos días después de la detención de los miembros de la red de extorsión de ETA. En ese encuentro, los representantes de la banda terrorista habrían reprochado a los emisarios de Zapatero el arresto de los responsables del cobro del «impuesto revolucionario». Esta operación se realizó después de que se hubiera frustrado el golpe inicial previsto para el 4 de mayo como consecuencia del «chivatazo» en el bar Faisán de Irún.

Hace unas semanas Ruz reclamó a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno las actas de ETA entre otros documentos. A su juicio, era fundamental recabar datos de ese encuentro en Francia, en el que se habría hablado del «soplo» y en el que «los supuestos representantes del Gobierno habrían vertido manifestaciones en respuesta a recriminaciones por parte de ETA». (Se refiere el juez a la justificación de los emisarios del Gobierno de que «no habían podido parar» las detenciones). Ruz consideraba fundamental conocer los detalles de la reunión para «el completo esclarecimiento de los hechos».

Los extremos por los que se interesó el magistrado fueron: si entre las conversaciones mantenidas por el Gobierno con ETA durante el año 2006 «constan en ese Ministerio antecedentes o documentación relativos» a la reunión del 22 de junio; si a la misma acudieron en representación del Gobierno dos emisarios, y si éstos fueron designados con las iniciales «GO» seguidas de las cifras 2 y 3. De ellos, el juez exigía «filiación completa» e información sobre las responsabilidades o cargos que ostentaban en el momento de los hechos. También pedía que se le aclarara el significado de «Gorburu», término empleado por los enviados de Zapatero en esa reunión para referirse a alguien a quien atribuían «determinadas opiniones o decisiones». Otro de los datos requeridos se refería a si alguna persona física o institución medió en esa reunión. Finalmente, Ruz reclamaba la identidad de la persona o personas que acudieron a la reunión en representación de ETA.

Tras recibir la respuesta de Interior y Moncloa, el juez tomó declaración a cinco testigos protegidos. El magistrado mantiene bajo secreto sus identidades, aunque advierte que más adelante tendrán que ser puestas en conocimiento de las partes.

Además, declararon en secreto ante el juez el ex director general del la Guardia Civil Joan Mesquida; el ex director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, José Manuel García Varela; el comisario general de Información Telesforo Rubio, y el subdirector General Operativo de la Policía, Miguel Ángel Fernández Chico, entre otros responsables policiales. También lo hicieron los tres mediadores del Gobierno desde 2005: José Manuel Gómez Benítez, Javier Moscoso y Jesús Eguiguren.

En paralelo a su requerimiento a Moncloa e Interior, Ruz se dirigió en dos ocasiones a Francia para que sus autoridades judiciales le aportaran datos relativos a casi diez reuniones «preparatorias» que Gobierno y ETA habrían mantenido allí en 2005. De esos encuentros se tiene constancia por una memoria extraíble incautada al etarra Ramón Sagarzazu, detenido en Francia el 23 de mayo de 2005. Curiosamente este individuo participó en la negociación bajo el apodo «Alain», según revela el juez en su resolución. Al año siguiente fue detenido su padre, Ramón Sagarzazu Olazaguirre, en la operación contra la red de extorsión del «Faisán». Otro de los informes que Ruz pidió a Francia se refería a una reunión de septiembre de 2006 y contenía menciones a la «operación Marlaska».