Saavedra buscará el consenso vecinal para evitar el derribo de la Biblioteca del Estado

El Tribunal Supremo dictó ayer una sentencia que obliga a demoler la Biblioteca Pública del Estado, ya que «la ordenación de la parcela es nula de pleno derecho por haberse aprobado para eludir el cumplimiento de la referida sentencia de fecha 10 de octubre de 2002», después de que la licencia urbanística fuera aprobada por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 1997. «Hay que pedir responsabilidades a los gobernantes municipales del pasado cercano porque los tribunales nos hablan permanentemente de ilegalidades y desvío de poder en materia urbanística», insistió Hernández.

En esa línea, dijo también que «la práctica urbanística permanente de los hechos consumados y que después resuelvan los tribunales nos ha llevado a esta situación insostenible para las arcas municipales y para la buena imagen de esta capital». El problema arranca el 25 de septiembre de 1997, cuando la Comisión de Gobierno otorga la licencia al Ministerio de Educación sin que existiera un Plan Especial que diera cobertura a la obra.

La Comisión (PP) desestimó los informes técnicos y jurídicos donde se advertía de la carencia de del Plan Especial y, además, de que el proyecto desbordaba el ámbito de la parcela. Señala la sentencia del Supremo que «el Plan Especial no existía cuando se concedió la licencia a pesar de que era preceptivo, para intentar soslayarlo se concedió una licencia condicionada».

Asimismo, añade que este proceder «es una actuación incursa en desviación de poder». El propio abogado asesor de Urbanismo ya emitió un informe alertando de la necesidad de acometer un plan especial para ordenar, no solo el edificio, sino también los espacios abiertos. Según la sentencia, la comunidad de vecinos perdió un 74 por ciento del total de la fachada que da al mar, con afección para muchas viviendas, y también de perdieron más de 800 metros cuadrados delimitados como zona verde. El magistrado deja claro también que la aprobación del nuevo planeamiento municipal el 9 de marzo de 2005 no respondió a las necesidades de desarrollo de la ciudad, sino al deseo de conferir cobertura a una actuación declarada contraria a derecho. Las primeras reacciones no se han hecho esperar. Los Jóvenes de Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, han creado un grupo en la red social Facebook titulado «No al derribo de la Biblioteca Pública del Parque San Telmo». Este colectivo considera que la citada biblioteca es un espacio «vital» para la ciudad, donde los ciudadanos y sobre todos los jóvenes disfrutan de unas instalaciones «magníficas» para estudiar, leer y participar en las distintas actividades culturales que en ella se organizan. La ciudad y, sobre todo, los ciudadanos no pueden ser los responsables de los «errores» en la gestión de políticos que gobernaron la capital grancanaria.