Vacunados por orden del juez

Nunca antes las autoridades sanitarias se habían visto en la necesidad de solicitar una autorización judicial para obligar a vacunar a menores cuyos tutores se han negado, desde el principio del brote epidémico, a inocular a sus hijos por convicciones morales, pese a la insistencia de los técnicos sanitarios. Hace un año la delegación provincial de Salud sí recurrió a solicitar una autorización judicial en Granada por un problema sanitario pero no estaba vinculado con vacunaciones.

La delegada provincial de Salud, Elvira Ramón, comentó ayer que tras mantener los primeros contactos con estas familias «antivacunas» la respuesta ha sido «bastante positiva», aunque no aclaró en ningún momento si alguna de ellas había dado ya su visto bueno para vacunar a sus hijos. Salud se ha marcado de plazo hasta el próximo martes para contactar con los tutores de estos escolares de forma «discreta y confidencial», y ofrecerles todos los medios posibles para proceder a la vacunación de los menores en sus domicilios, colegio o centros de salud. A partir del martes y en función de los resultados obtenidos, «valoraremos las siguientes acciones a adoptar», apostilló.

¿Pero qué ocurre si estas familias persisten en su negativa de no vacunar a los menores? «Podrían incurrir en un acto de desobediencia a la autoridad judicial», explica el juez decano de Granada, Francisco Sánchez Gálvez. De esta manera, el desacato a la orden judicial se convertiría en delito y el juez de lo contencioso se vería obligado a «informar a la Fiscalía». De todas formas, las 35 familias afectadas por esta decisión judicial disponen de la posibilidad de recurrir el auto emitido ayer. De momento, ninguna ha ejercido este derecho.

Salud ha mantenido en todo momento que actuará de forma discreta y sin recurrir a medidas de presión contundentes, aunque el auto le permite apoyarse en el «auxilio» de las fuerzas de orden público, tal y como ha podido saber este periódico. El plazo para evaluar los resultados será hasta el martes, pero ello no conlleva que las menores deban esperar hasta entonces para inocularse contra el sarampión.

Los pediatras del centro de salud del Albaicín detectaron el primer caso de sarampión el pasado 13 de octubre. Se trataba de un menor escolarizado en el colegio Gómez Moreno de esta histórica barriada de la capital granadina. El alumno no había sido vacunado de pequeño. Sus padres así lo decidieron por principios éticos. El brote se empezó a extender a otros alumnos no vacunados de este centro educativo y en apenas dos semanas había ya una veintena de casos registrados.

Los esfuerzos de las autoridades sanitarias para convencer a esta familias de la necesidad de proceder a la vacunación resultaron poco existosos. El brote traspasó las fronteras de esta barriada y se extendió por el resto de los distritos de la ciudad. En estos momentos ha llegado a los pueblos del cinturón metropolitano.