Canarias crecerá cinco veces si Zapatero cumple el pacto de regionalizar sus aguas

Los dos diputados que Coalición Canaria tiene en el Congreso aguantan sin inmutarse las críticas sobre su condición de salvavidas del Gobierno del paro, los recortes sociales y la crisis. Ana Oramas y José Luis Perestelo miran solo a sus Islas, y están más que satisfechos con lo que les ha dado Zapatero a cambio de sus votos, imprescindibles para asegurarse la mayoría absoluta en las votaciones de los Presupuestos (177 votos a favor, 172 en contra y una abstención). Su satisfacción se debe a las inversiones y a unos planes de empleo que podrían suponer 20.000 nuevos puestos de trabajo el próximo año en una Comunidad que hoy por hoy encabeza la tasa de paro en España con un 28,67 por ciento (310.200 personas sin empleo en el tercer trimestre).

Con todo, su mayor éxito político, por la carga simbólica que tiene («el mar es un símbolo de la unidad de Canarias»), ha sido el traspaso de las aguas interiores de las Islas, Aguas de Canarias, o Mar de Canarias, como dice algún diputado de la oposición más reticente hacia esta nueva cesión a los nacionalistas. Eso sí, con permiso de los diferentes expertos que ya en este periódico pusieron en duda que el Gobierno pueda traspasar la titularidad de unas aguas que son internacionales.

Lo cierto es que Coalición Canaria presentó una Proposición de Ley sobre delimitación de los espacios marítimas de Canarias, que se tomó en consideración el 15 de diciembre de 2009 por 338 votos a favor y ninguno en contra. Tampoco hubo abstenciones. La iniciativa comenzó su tramitación en el Congreso, y desde entonces se ha prorrogado el plazo para presentar enmiendas parciales hasta en 27 ocasiones, lo que demuestra el poco entusiasmo de los grupos por llevar a la práctica una idea político-romántica que cuando se debate no les disgusta y que se había presentado 40 veces en el Parlamento en los últimos 30 años, sin éxito alguno. Pero ahora es diferente. El acuerdo «presupuestario» obliga a acelerar la proposición, que deberá estar aprobada antes del 31 de diciembre, según advierte la portavoz de CC, Ana Oramas.

El Estatuto de Autonomía de Canarias prescribe que el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma comprende el Archipiélago Canario, integrado por las siete islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como las islas de Alegranza, La Graciosa, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste. En el texto de la Proposición que se está tramitando en el Congreso se subraya que ese ámbito territorial está «incompleto sin la delimitación de los espacios marítimos incluidos en el concepto archipiélago». Advierte que el Derecho Intenacional distingue dos tipos de aguas: las interiores (aquellas que quedan encerradas dentro del perímetro archipielágico delimitado por las líneas de bases rectas) y las exteriores (que comprende tanto el mar territorial como la zona económica exclusiva, contadas a partir de dichas líneas)».

La extensión de tierra de Canarias es ahora mismo de 7.450 kilómetros cuadrados, pero el contorno de las aguas interiores delimitaría una nueva Comunidad, que superaría los 38.600 kilómetros cuadrados, una extensión superior a Cataluña o Galicia. «Para los insulares nuestro mar es también nuestra tierra, entenderán perfectamente la reivindicación histórica de Canarias si se ponen en nuestro lugar», defiende el diputado José Luis Perestelo. «Necesitamos esa unidad marítimo-terrestre para llegar a ser lo que podemos ser y superar los cortocircuitos históricos con los que la historia nos ha separado».

Hay mucha historia, pues, y mucha reclamación política, pero también un interés contante y sonante, que desde luego no se les escapa a los nacionalistas. Canarias también saldría beneficiada en el sistema de financiación autonómica, que entre sus parámetros fundamentales incluye la dispersión y la extensión. En este caso, la Comunidad pasaría de ser una de las más pequeñas de España a situarse en los puestos de cabeza, gracias a su mar. Porque lo que tiene claro CC es que su extensión comprende tierra y agua, y no admitirá «trampas» del Gobierno a la hora de fijar su financiación, según advirtieron fuentes de esta formación.

Pero no todo será financiación. De cumplirse el acuerdo, la Comunidad extendería sus competencias, las que ya ejerce en tierra, al mar. El Gobierno canario confía en poder controlar las investigaciones sobre las prospecciones petrolíferas, espacios naturales marítimos, el cableado submarino, los vertidos al mar, las instalaciones eléctricas y eólicas, los yacimientos arqueológicos, la pesca en aguas interiores y la regulación del transporte aéreo entre islas, entre otras. Todo forma parte de las ventajas que tiene en sus manos CC y que saca a relucir cuando se pregunta a sus dirigentes para qué quieren un mar.

«Este es el mejor pacto de la historia para nosotros, mucho mejor que el que firmamos con Felipe González y con Aznar, después», resume la portavoz parlamentaria de CC.