Tormenta sobre los encierros camperos en Guadalajara
Grupos animalistas vuelven a denunciar maltrato a animales en Galápagos
ÓSCAR CUEVAS
Los encierros por el campo que se celebran en la provincia de Guadalajara vuelven a estar en el ojo del huracán. Tal y como ocurriera el pasado año, grupos ecologistas y animalistas consiguieron grabar el pasado fin de semana algunas de las sueltas que se ... produjeron en la provincia, concretamente en Galápagos. La organización Igualdad Animal ha difundido un vídeo en el que se observa como uno de los toros, exhausto, es agredido con piedras y varas, y acosado salvajemente por decenas de coches todo terreno, a pesar de que el animal ya se encuentra exhausto y refugiado en unos matorrales. El suceso no ha tardado en ser difundido por varias agencias de prensa extranjeras. El pasado año, esta misma localidad fue el escenario de un enfrentamiento entre vecinos del pueblo y miembros del partido antitaurino «Pacma», en el que además de los miembros de esta organización, resultaron agredidos periodistas de Telecinco.
La alcaldesa de Galápagos niega lo que se ve en el vídeo. La popular Felicidad Martínez (quien llegó al cargo hace pocos meses, tras una moción de censura) aseguraba ayer en unas declaraciones a la televisión local Canal 19 que lo que se podía ver en el vídeo difundido por Igualdad Animal era un montaje, y que en él se han mezclado imágenes reales del encierro, con otras de otros años. Se refiere a las escenas en las que se producen las agresiones más evidentes.
Mientras, la organización animalista insiste en que más de 400 personas acosaron durante hora y media a los toros, persiguiéndoles con todo terrenos.
La utilización de vehículos a motor en este tipo de festejos está expresamente prohibida por la legislación regional, que sólo permite que accedan al encierro personas a pie y a caballo, así como un número muy limitado de coches de la organización. Sin embargo, este y otros aspectos del Reglamento se incumplen de modo sistemático en muchos encierros por el campo de la provincia de Guadalajara, algo que carga de argumentos a las organizaciones contrarias a estas manifestaciones populares.
Ante el aluvión de grabaciones con cámara oculta, algunos alcaldes han optado por resoluciones de dudosa legalidad. Es el caso del edil de Almoguera, Luis Padrino. El ex socialista ha aprobado una Ordenanza con la que pretende impedir que se filme o fotografíe el encierro de su pueblo, so pena de abonar al consistorio 200.000 euros.
Desde la Junta de Comunidades, el consejero de Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, aseguró ayer no tener constancia de la existencia de ninguna denuncia formal, más allá de la mediática, sobre lo ocurrido en los encierros de Galápagos. El dirigente socialista defendió la pervivencia de estas manifestaciones populares taurinas, y relacionó las denuncias con lo sucedido en Cataluña.
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