El Papa endurece las normas contra los abusos sexuales de menores

Las modificaciones a la Carta Apostólica “Sacramentorum Sanctitatis Tutela” (“Tutela de la santidad de los sacramentos”), promulgada por Juan Pablo II en el 2001, han sido presentadas precisamente por el Promotor de Justicia del Vaticano, el sacerdote maltés Charles Scicluna, que ejerce la función de fiscal contra los sacerdotes y obispos responsables de abusos de menores. De este modo han pasado a ser ley ordinaria de la Iglesia varias medidas de emergencia dictadas por Juan Pablo II en el 2002 y 2003 y convalidadas por Benedicto XVI en el 2005, que ahora ya no expiran con la muerte del Papa.

Entre ellas figura la agilización de los trámites para expulsar del sacerdocio a los pedófilos o a quienes abusan de sexualmente de adultos discapacitados, que pasa a ser “delito grave”, equiparado al abuso de menores. En estos momentos, el 80 por ciento de los casos ya no se abordan en proceso canónico diocesano sino que se resuelven rápidamente en Roma por la vía administrativa. Además, la Congregación para la Doctrina de la Fe puede proponer directamente al Papa la expulsión del sacerdote pedófilo, sin la petición del interesado ni la de su obispo.

Pasa también a ser “delito grave” la mera posesión de imágenes pornográficas de menos de 14 años, por lo que el obispo debe informar obligatoriamente a Roma. De ese modo, la alarma suena mucho antes de que pueda haber abusos sobre personas.

Aunque en las leyes de los Estados son mucho m benévolas, en la ley eclesiástica los abusos sexuales no prescribirán hasta 20 años después de que la víctima cumpla los 18 años de edad. Roma podrá ampliar ese plazo en casos específicos por lo que, en la práctica, ya no prescribirán nunca. A consecuencia del trauma, buena parte de las víctimas es incapaz de revelar el abuso hasta pasados veinte o treinta años, y la nueva norma permite, en la práctica, iniciar proceso mientras viva el sacerdote que cometió el delito.

Las nuevas normas permiten incorporar como jueces, fiscales o notarios de los tribunales eclesiásticos a laicos con una mera licenciatura en Derecho Canónico, en lugar de sacerdotes con un doctorado como se requería hasta ahora.

El Promotor de Justicia insistió en que las leyes de la Iglesia son totalmente independientes de las leyes de los Estados, que deben respetarse de modo escrupuloso y aplicarse en primer lugar. Según Scicluna, “desde las epístolas de San Pablo, el cristianismo enseña que hay que cumplir las leyes civiles. Nuestras directrices insisten en que se cumplan las leyes civiles y penales de cada país”.

Entre las normas procesales figura incluso que se completen primero los trámites de las leyes estatales de cada país antes de pasar al proceso eclesiástico, cuyas penas complementarias a las estatales pueden ir desde la prohibición de confesar o de celebrar misa en público hasta la de vestir el traje sacerdotal o, en los casos más graves, la expulsión del sacerdocio.

Mientras la policía, los fiscales y los jueces se ocupan de decidir si un sacerdote es culpable o no y si va a la cárcel o no, los tribunales eclesiásticos deciden si puede o no ejercer las funciones ministeriales y si continúa o no como sacerdote. Son terrenos completamente separados. Las autoridades y tribunales civiles se ocupan de la investigación y el castigo a los delincuentes mientras que las eclesiásticas se ocupan, por así decirlo, de la “protección de la marca”. Es decir, de asegurar a los fieles y a las familias que todo sacerdote en activo es absolutamente fiable en lo que se refiere al trato con menores de edad.

La política de proteger a sacerdotes indignos, además de ser una injusticia tremenda con las víctimas, trajo consigo la pérdida de prestigio de los sacerdotes ejemplares, que son la abrumadora mayoría. La justicia con los sacerdotes fieles exige quitar del medio a los que no lo son, siguiendo el principio indicado por Juan Pablo II: “no hay lugar en el sacerdocio para quien abusa de menores”. Los resultados de la política de “tolerancia cero”, es decir, la expulsión del sacerdocio al primer delito, están siendo muy positivos en Estados Unidos.

Monseñor Charles Scicluna elogió ayer el extenso estudio sobre los abusos de los últimos cincuenta años en Estados Unidos realizado por el John Jay College of Criminal Justice por encargo de la conferencia episcopal norteamericana: “es el único estudio verdaderamente científico”, y a permitido abordar en serio el problema.

«Una señal de nuestro compromiso con las víctimas»

La época en que el clericalismo daba la prioridad a proteger a los sacerdotes delincuentes ha quedado definitivamente atrás. El Promotor de Justicia del Vaticano, Charles Scicluna, manifestó que las nuevas normas promulgadas por Benedicto XVI suponen “una señal muy, muy seria de nuestro compromiso con las víctimas”.

En su carta del pasado mes de marzo a los católicos irlandeses, el Papa condenó explícitamente la “preocupación equivocada por la reputación de la Iglesia y por evitar el escándalo”, que llevó a ocultar estos delitos, impidiendo parar los pies a los culpables que, entretanto, seguían abusando de nuevas víctimas, llegando en algunos casos a superar el centenar.

Entre las nuevas medidas aprobadas por Benedicto XVI, el fiscal del Vaticano destacó también la incorporación de laicos licenciados en Derecho Canónico a los tribunales eclesiásticos pues “nosotros tenemos ya un equipo estupendo de abogados laicos, y ahora las diócesis podrán incorporar también canonistas laicos en sus tribunales”.

Según Charles Scicluna, este papel se añade a otros también muy importantes “como el de los laicos psicólogos que actúan como asesores de los obispos, o los policías retirados que actúan como investigadores privados de estos delitos al servicio de la diócesis”.

En cuanto al secreto pontificio sobre los procesos, el Promotor de Justicia recordó que se refiere a la fase procesal, y que “el obispo puede divulgar la sentencia si es para el bien común”. Conviene que se sepa que un sacerdote ha sido castigado, o –si se supo que había proceso-, que ha sido absuelto, para rehabilitarlo ante los fieles.

Las normas promulgadas se refieren también a los sacramentos de la Eucaristía, la Confesión y el Orden Sacerdotal, por lo que incluyen también nuevas penas contra quienes graben confesiones reales o ficticias, realicen ceremonias –en cualquier caso inválidas- de ordenación sacerdotal de mujeres, o profanen especies eucarísticas consagradas.

Monseñor Scicluna explicó que estas medidas forman parte de la protección de los sacramentos y corresponden por tanto a la materia de la Carta Apostólica “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, reforzada sobre todo en lo que se refiere a erradicar el abuso de menores. En todo caso, se trata de delitos en terrenos distintos, que no se pueden comparar ni equiparar.