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Quedan 300 atentados de ETA sin juzgar y un centenar ya han prescrito

El presidente de la Audiencia Nacional se compromete a estudiar caso por caso, pero no fija plazos debido a la complejidad de la investigación

EP

Cerca de 300 asesinatos de ETA no habrían sido juzgados aun desde el año 1978, según un estudio realizado a instancias de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) que se basa en informaciones aportadas por las propias víctimas, en documentación no oficial y se centra en informaciones publicadas en los medios de comunicación y recogidas en libros como "Vidas Rotas" (Espasa), editado recientemente.

Este estudio se publicará en el próximo número de la revista "Fundación" y se ha realizado en el seno de una Comisión de Justicia creada en la última reunión de todas las Asociaciones, Colectivos y Fundaciones de Víctimas del Terrorismo, celebrada el pasado 8 de marzo en Madrid. En dicha reunión, como se recordará, se decidió, entre otras cosas, proponer el 27 de junio como día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo en España . En esa misma fecha de hace 50 años fue asesinada en Lasarte la niña de 22 meses Begoña Urroz.

Según indica la Fundación, uno de los principales motivos por los que se creó la Comisión de Justicia de las víctimas del terrorismo fue la falta de sistematización de la información existente en la Audiencia Nacional en torno a la situación procesal de todos y cada uno de los más de 800 asesinatos cometidos por ETA desde su nacimiento. La información disponible se encuentra dispersa entre los Juzgados de Instrucción, las secciones de la Sala de lo Penal, Fiscalía y el archivo de Alcalá de Henares.

Los datos corresponden a un estudio realizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo

Para la realización del estudio y evitar errores se ha tenido en cuenta la Ley de Amnistía de 1977, que hizo "borrón y cuenta nueva" con los asesinatos cometidos por los terroristas hasta ese año. Por lo tanto, se han omitido los 72 atentados mortales de ETA contabilizados en las estadísticas del Ministerio del Interior desde el año 1968.

La revista recuerda en su reportaje que oficialmente no existen datos, pero añade que desde el año 1978 se ha podido encontrar información que de modo no oficial indica que unos 330 asesinatos de ETA no tienen sentencia, ya que no se ha podido determinar la autoría de los mismos por desconocerse quiénes son o porque no han sido localizados y detenidos por las Fuerzas de Seguridad, lo que ha provocado el archivo de las correspondientes actuaciones judiciales.

El estudio realizado por la citada Comisión de Justicia también realiza una aproximación sobre los casos que han podido prescribir o que están a punto de ello. En este sentido, hay que tener en cuenta que desde el año 1978 -tras la Ley de Amnistía- hasta el año 1990 -fecha límite de la prescripción legal establecida en 20 años- ETA cometió la mayor parte de sus crímenes, 562 muertos, según datos extraídos de las estadísticas del Ministerio del Interior.

200 asesinatos sin sentencia en 12 años

Y de esos más de quinientos asesinatos, según lo recogido por el estudio, algo más de 200 asesinatos cometidos en las citadas fechas no tienen sentencia. De ellos, un centenar podrían haber prescrito o estar a punto de prescribir.

No obstante, el estudio recuerda que para determinar la prescripción de un atentado terrorista hay que estudiar caso por caso, ya que el artículo 132. 2 del Código Penal establece que "la prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, comenzando a correr de nuevo el término de la prescripción desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena".

Se investigarán los casos

Precisamente, con el fin de poder obtener información fehaciente sobre la situación procesal de todos y cada uno de los asesinatos de ETA, la Comisión de Justicia creada por la Fundación solicitó un encuentro con el presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, solicitud que fue atendida con prontitud y que permitió la celebración de la reunión a finales del pasado mes de mayo.

Integraban la Comisión de Justicia Maite Pagazaurtundúa, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Cristina Cuesta, en representación de COVITE y de la Fundación Miguel Ángel Blanco, y Carmen Ladrón de Guevara, la vicepresidenta de la Asociación Dignidad y Justicia. El presidente de la Audiencia Nacional se mostró totalmente receptivo a la demanda de información que le plantearon las víctimas del terrorismo asistentes a la reunión, celebrada en la propia Audiencia Nacional. Ángel Juanes manifestó su compromiso de poner los medios disponibles a su alcance para comprobar la veracidad de los datos apuntados en el estudio. No obstante, Juanes matizó que el trabajo de comprobación iba a ser muy complejo, dado que la digitalización de los sumarios es muy reciente y, por tanto, la Audiencia Nacional se iba a encontrar con el problema de tener que rastrear sumario a sumario en formato de papel. Por este motivo, no se fijó plazo alguno para estas comprobaciones.

Según informa la revista, el presidente de la Audiencia Nacional también recordó en la reunión que dentro de las cifras manejadas por el estudio de la Comisión constituida por las víctimas del terrorismo se incluirían los sumarios sobreseídos por falta de autor.

La investigación será larga

En este sentido, "Fundación" reitera que no existe una información relativa a estos casos sin resolver en la Audiencia Nacional y que nadie dispone de una relación que contemple la situación procesal de todos y cada uno de los asesinatos de la banda terrorista ETA, pero recuerda que "esa información es muy valiosa para las propias familias de estas víctimas y se ha convertido en una de las principales reivindicaciones que en materia de Justicia se están planteando en las propias asociaciones, colectivos y fundaciones".

Los representantes de las víctimas del terrorismo presentes en la reunión con el presidente de la Audiencia Nacional entendieron que el trabajo se dilataría en el tiempo, aunque mostraron su satisfacción por el hecho de que, por primera vez, se atendiera oficialmente a sus demandas respecto a los casos sin resolver y el conocimiento de los que han prescrito o están a punto de prescribir.

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