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El Gobierno recoge propuestas de los grupos parlamentarios para mejorar la Ley de Violencia de Género

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández ha dicho que hay voluntad de «crear un gran acuerdo social» para erradicar la violencia machista

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El Gobierno ha recogido hoy las propuestas de los distintos grupos parlamentarios con la intención de estudiarlas «con cuidado y en profundidad» y, tras conseguir el consenso, buscar mejorar la Ley Integral de Violencia de Género (LIVG), que cumple una década este año.

Así lo ha dicho la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, al término de la reunión celebrada en el Ministerio de Sanidad para recabar las propuestas en la lucha contra la violencia machista que este año se ha cobrado la vida de 41 mujeres.

El encuentro ha sido presidido por la ministra Ana Mato y han acudido portavoces de Igualdad del Congreso y Senado de los distintos grupos.

Tras casi tres horas de encuentro, Hernández ha dicho que se ha puesto de manifiesto la voluntad de «crear un gran acuerdo social» para erradicar la violencia machista y que el cien por cien de los grupos han estado de acuerdo con el Ministerio en detectar los problemas, corregirlos y mejorar esta lucha desde todos los ángulos.

Desde el PSOE, la portavoz en el Congreso, Carmen Montón, ha dicho que salían de la reunión «sin ninguna concreción», que habían traído propuestas para colaborar en buscar soluciones pero que se iban sin una respuesta «clara».

«Hablamos de vida o muerte»

Montón ha enfatizado que «hablamos de vida o muerte», por lo que hay que actuar de forma «contundente», ha dicho; y, entre las medidas pedidas, se encuentra el subir el nivel de condena y rechazo social a través de campañas de prevención, medidas inmediatas para las mujeres que denuncian, modificar la valoración de riesgo o reducir la bolsa del «maltrato oculto» que está aumentando.

La portavoz socialista ha aseverado que la ley de 2004 «es buena y que hay que cumplirla» y que, el PP no puede «pedir consenso con una mano» al mismo tiempo que sigue con los «recortes» en esta materia.

Blanca Hernández ha comentado que si la norma se aprobó con unanimidad, sería apropiado que si hay reformas se hagan también con unanimidad.

Cobrar el desempleo

Entre las propuestas concretas del PP se encuentra el que la víctima no se tenga que cruzar en los juzgados con su maltratador, como ocurre ahora en muchas ocasiones, o que las víctimas puedan cobrar el desempleo si tienen que despedirse de un trabajo por causa de violencia machista o la empresa buscarle un trabajo nuevo en el caso de ser una compañía grande o tratarse de las administraciones.

Desde el PNV se ha apostado por el consenso en este tema, se ha calificado de «positiva» la reunión, aunque les hubiera gustado que se hubiera celebrado antes del verano.

Entre las medidas presentadas por el PNV se encuentra la de «acompañar» a la mujer maltratada, «no dejarla sola» ni cuando debe denunciar ni después cuando se fija ya una condena hacia el agresor.

El diagnóstico para el diputado vasco Joseba Andoni Agirretxea es que habrá que modificar lo que no funciona de la ley, aunque quizá el problema sea de su «desarrollo e interpretación».

Desde CiU se ha reclamado al Ministerio una respuesta a las propuestas que ya se hicieron antes del verano en el grupo de trabajo mixto Congreso-Senado.

Entre ellas figuran proponer un cambio cultural y trabajar con los roles, aumentar la formación de jueces y fiscales para que las mujeres que denuncian se sientan protegidas, mejorar la red de datos y que los presupuestos se repartan en función de los servicios que se prestan.

Pacto de Estado

El portavoz de UPyD, Toni Cantó, no ha acudido por un asunto personal de última hora, según han señalado a Efe fuentes de la formación magenta, si bien ha enviado sus propuestas, entre las que se encuentra su apoyo a un pacto de Estado para combatir la violencia de género y para que disminuyan los asesinatos machistas hasta su desaparición.

UPyD apuesta por dar una verdadera formación a todos los juzgados con competencia en la materia y que la Policía implante planes personalizados para las mujeres en riesgo alto y extremo, que se revisarán cada cierto tiempo, posiblemente cada tres meses, pudiendo incluir servicio de escolta a mujeres en riesgo medio

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