Los jesuitas denuncian «el uso abusivo del internamiento de inmigrantes» en situación irregular

"Muchas personas acaban en los CIE por carecer de residencia a pesar de llevar muchos años en España. Son personas muy arraigadas en nuestros país o en otros casos tienen derecho a reclamar protección internacional porque han sido víctimas de trata de personas o posibles refugiados, personas enfermas. Esa identificación de la población inmigrante en los CIE no se realiza", comentó la abogada Cristina Manzanedo, del Centro Pueblos Unidos.

Pese a que el marco legal es garantista, la normativa "no se cumple en la práctica". El coordinador del grupo de visitas a los CIE de esta ONG jesuita, Ángel Campos, explicó que existen muchas dificultades para que "las personas internadas conozcan su situación jurídica, lo que produce indefensión legal". Tampoco se cuenta con una enfermería para aislar o controlar determinados cuadros médicos, ni un sistema, ni registro de quejas por el cual los inmigrantes internos puedan dirigirse a los juzgados de control para denunciar una determinada situación.

"Existe una grave vulneración de derechos. Las personas no pueden continuar con los tratamientos médicos que seguían antes de llegar a España, tampoco hay tratamientos psiquiátricos y ante los cuadros de ansiedad muchas veces se administran ansiolíticos a los inmigrantes internos, además de no tener ninguna posibilidad de comunicación con el exterior", señaló Campos.

Ante esta situación, el coordinador de Incidencia Pública de Pueblos Unidos, el sacerdote Daniel Izuzquiza, pidió al Gobierno "que desarrolle procedimientos de análisis y valoración de cada caso" antes de ingresar a los inmigrantes en alguno de estos centros. Pese a saludar el nuevo reglamento para los CIE aprobado recientemente por el Gobierno, recordó que "lo más importante es que se produzca un cambio efectivo de modelo en el régimen de internamiento, superando el modelo puramente policial existente en la actualidad". Además destacó la necesidad de reforzar las medidas para prevenir y controlar los posibles abusos policiales en el CIE.