La mitad de los inmigrantes internados en los CIE no tiene antecedentes

"Hay mucha gente muy arraigada en España, que tienen familia, pero que por problemas de trabajo no han podido renovar su residencia", ha explicado la abogada Cristina Manzanedo, que realiza visitas periódicas a los CIE.

La letrada de Pueblos Unidos ha detallado que la duración media de la estancia en los centros está próxima al plazo máximo de dos meses de internamiento, que el 55% de los internos carece de antecedentes penales, dos de cada diez acaban de llegar a España y los países mayoritarios de origen son Nigeria, Ecuador, Marruecos y Colombia.

El informe denuncia "el abuso del internamiento" de los inmigrantes en estos centros, en los que no se analizan las circunstancias de cada persona porque no reciben una buena asistencia legal, no se les informa de sus propios expedientes ni de la posibilidad de pedir protección internacional. "La Policía no sabe a quien tiene en los CIE y en muchos casos se ordenan expulsiones dejando a familias en España en situación de desamparo", ha añadido.

En la presentación del documento, Patricia Johnson, una mujer nigeriana de 33 años, ha relatado su impotencia y angustia cuando fue detenida por la calle en Madrid y llevada al CIE de Aluche, sin posibilidad de avisar a nadie, mientras su hijo de 10 años estaba en el colegio. "Me llevaron a una comisaría y de allí al CIE; no sabía nada de mi hijo desde que se había ido al colegio y yo preguntaba y nadie sabía nada", relata esta mujer que tuvo que esperar seis días hasta que se entrevistó con una voluntaria de esta ONG, quien finalmente localizó al menor.

Patricia, que actualmente vive en Parla (Madrid) y realiza cursos de peluquería y de español en Pueblos Unidos, lamenta la falta de atención que le prestaron en el centro y la angustia que le generaron al dudar incluso de que el niño fuera su hijo. "Cuando estás en el CIE nadie sabe lo que te pasa, si te encuentras mal te dan una pastilla o te pinchan, pero no se preocupan por saber si estás enfermo", ha dicho.

El Servicio Jesuita a Migrantes cree que el Ministerio del Interior criminaliza a estas personas en situación irregular al tramitar sus expedientes en centros de internamiento con privación de libertad. Además, lamenta que se dicten órdenes de expulsión por procedimiento preferente y de urgencia, donde es muy difícil alegar circunstancias personales. "Tampoco los juzgados de guardia están haciendo el control; son juzgados penales, sin conocimiento de extranjería y se limitan a ratificar el internamiento", ha señalado el coordinador de esta organización, Daniel Izuzquiza .

Entre las recomendaciones, el informe reclama un cambio de modelo en el régimen de internamiento que supere "el modelo meramente policial" y que se fijen mecanismos de identificación en los CIE de personas susceptibles de protección por ser víctimas de delitos sexuales, solicitantes de asilo, menores o personas enfermas. Además, reclama mayor formación en los abogados y jueces en materia de extranjería, así como más implicación de la fiscalía en relación con los menores no acompañados y las víctimas de trata.