El Vaticano lamenta que el Comité de Derechos del Niño de la ONU le pida apoyar el aborto

El punto más llamativo es quizá el 53, en que «el Comité urge a la Santa Sede a revisar su postura respecto al aborto, pues crea riesgos evidentes para la salud de las niñas embarazadas». Pide también cambiar el canon 1398 del Código de Derecho Canónico, que impone la sanción moral de excomunión a quienes practican abortos. Pide también que las instituciones católicas retiren las «cajas para recién nacidos abandonados» que existen en algunos países y que probablemente salvan muchas vidas pues mantienen el anonimato de la donante.

Sin tiempo todavía de reponerse de la sorpresa, el observador de la Santa Sede ante las instituciones de Naciones Unidas en Ginebra, Silvano Tomasi, comentó la incongruencia de esas recomendaciones con el mandato del organismo pues «cuando se mata a un niño, deja de tener derechos», que es lo que el Comité debería defender.

Según Tomasi, quien compareció ante el Comité el pasado 16 de enero, el informe «ignora las respuestas que dio la Santa Sede. Falta una perspectiva correcta y actualizada que tenga en cuenta lo realizado en los últimos años por la Santa Sede, el Estado del Vaticano y las conferencias episcopales».

El problema es muy serio, pues cada año se producen en torno a 40 millones de casos de abuso sexual de menores. Algunos suceden en escuelas, gimnasios y prisiones, pero la inmensa mayoría en los hogares. Aunque los cometidos por personal eclesiásticos sean ahora tan sólo una gota en un océano, el Vaticano está decidido a erradicarlos por completo y a expulsar de sus filas y sus actividades a todas las personas indignas.

El Comité de Derechos del Niño no es un organismo político, formado por representantes de los Estados miembros, sino una mera comisión técnica asesora, que hace recomendaciones para la eficacia de la Convención de los Derechos del Niño.

En sentido estricto, el Vaticano es responsable pleno tan sólo en su propio territorio de medio kilómetro cuadrado, en el que viven menos de cuarenta niños, y de su personal diplomático, al que juzga en los casos de delito como va a sucederle al ex nuncio en la Republica Dominicana Jozef Wesolowski.

En ese contexto resulta sorprendente el punto 47: «El comité recomienda que la Santa Sede promueva la creación de teléfonos de ayuda en los Estados miembros de la Convención, los de a conocer y anime a los niños a usarlos». Si bien puede recomendar difundirlos, la responsabilidad de crearlos es de los Estados firmantes.

Más utópico resulta el punto 41, que responsabiliza al Vaticano de lo que pase en las casas: «Al Comité le preocupa que, a pesar de su considerable influencia en las familias católicas, la Santa Sede no haya adoptado una estrategia completa para prevenir los abusos y los descuidos en los hogares».

El Comité considera discriminatoria la postura de la Iglesia respecto a la homosexualidad , y «urge» a la Santa Sede a utilizar toda su fuerza moral contra las discriminaciones como si no lo estuviera ya haciendo. Al Comité tampoco le gusta la idea de «complementariedad e igual dignidad» entre hombres y mujeres pues prefiere que se insista en «igualdad ante la ley».

Algunas recomendaciones corresponden a errores de hecho, como el punto 43 sobre «el código de silencio impuesto a todos los miembros del clero, bajo pena de excomunión». Aunque haya habido encubrimientos en el pasado, pero no por la pena de excomunión, en la actualidad la mayoría de las diócesis y superiores de institutos religiosos informan enseguida a las autoridades civiles, incluso en los países en que no es legalmente obligatorio.

El informe menciona casos penosos ya conocidos como el secuestro de bebés en España, las lavanderías femeninas de Irlanda, o los acuerdos de confidencialidad exigidos para contribuir al mantenimiento de hijos de sacerdotes. El escándalo del abuso sexual de menores por clérigos salió con fuerza a la luz en Estados Unidos a principios de los años noventa. Juan Pablo II lo condenó en su carta de 1993 a los obispos americanos y puso en marcha una « operación limpieza » que impulsó todavía más Benedicto XVI y que es una de las prioridades del Papa Francisco hasta que la Iglesia católica sea modélica en este campo como lo es en tantos otros.