Yanis Varufakis se enfrenta a una denuncia por «alta traición»

La demanda coincide con el escándalo provocado al conocerse los planes secretos que Varufakis había tramado para el eventual paso del euro al dracma en Grecia. Este denominado «Plan B», según él mismo ha reconocido, consistía en piratear todos los datos de particulares en el ministerio de Hacienda para hacerse con los números de identificación fiscal de contribuyentes y empresas y crear así un sistema de pagos paralelo que le habría permitido realizar transacciones en caso de un cierre prolongado de los bancos. Varufakis señaló que el primer ministro, Alexis Tsipras , estaba al tanto de los planes , pero que finalmente descartó cualquier opción de renunciar al euro. La oposición proeuropea ha mostrado su indignación ante la existencia de todos estos planes mantenidos en secreto.

Sin temor a contradecirse, Varufakis insistió ayer en que él solo creó un grupo de especialistas para estudiar el «Plan B », cuyas recomendaciones «tenían como objetivo servir al interés público, respetar las leyes y mantener el país en la Eurozona».

En una carta al diario «Financial Times», Varufakis asegura que sus planes habrían permitido « la cancelación multilateral de pagos atrasados entre el Estado y el sector privado , utilizando la plataforma de pagos fiscales ya existente». Una forma de reconocer que el Estado no paga desde hace meses a sus proveedores del sector privado.

La demanda fue presentada al Supremo antes de todo este escándalo, pero su traslado al Parlamento no es ajena al mismo. En la denuncia, presentada por Apostolos Glezos, el conocido actor y ahora alcalde de un pequeño pueblo costero, se afirma que Varufakis incurrió en delito de «alta traición » por no atenerse al mandato de negociar un acuerdo para sacar al país de la recesión pero dentro del euro.

Asimismo, para terminar de remachar la ofensiva contra el exministro, un grupo de cinco abogados ya está preparando otra denuncia contra este por su «Plan B» para la vuelta de Grecia al dracma a través del pirateo de cuentas fiscales.

En medio de toda esta polémica, la troika comenzó ayer sus negociaciones en Atenas con las autoridades griegas para la concesión de un tercer rescate económico con nuevas exigencias de reformas que pasan incluso por la demanda de la suspensión de los convenios laborales, la congelación del sueldo mínimo y la incorporación de una legislación sobre huelgas más restrictiva y acorde con la existente en el resto de la Unión Europea.

Unas demandas que se añaden a las ya formuladas antes sobre restricción de prejubilaciones y supresión de las exenciones fiscales a los agricultores que pondrán en serios apuros a Tsipras, que teme que crezca el número de disidentes contrarios a los recortes en la coalición izquierdista Syriza y que estos fuercen un adelanto de elecciones. El Gobierno griego opta por negar que se esté negociando un nuevo paquete de reformas. «Ni el acuerdo de la Eurocumbre ni las discusiones con las instituciones puede justificar la publicación de ninguna batería de nuevas medidas », afirma un comunicado del ministerio de Hacienda.