La broma electoral de Sudán

Sin apenas dudas sobre quién resultará ganador -el presidente Omar Hassan al Bashir gobierna el país africano con mano de hierro desde 1989-, el sainete electivo reabre el hilo de alianzas que sustentan su Gobierno.

«Hay personas que pretenden hacer en Sudán lo que ha sucedido en Yemen, Siria y Libia (…), pero no vamos a permitir que esto suceda», aseguraba Bashir durante un reciente mitin preelectoral. Y no parece que vaya a ocurrir a corto plazo: en los últimos tiempos, conforme el proceso electivo se ha ido acercando, el régimen Bashir ha (re)tejido su tela de araña con los países del Golfo para garantizar la estabilidad (participación inclusive en los recientes bombardeos en Yemen de la entente saudí).

Los problemas fronterizos, eso sí, son numerosos. Un caso singular es el de Abyei, en disputa entre Norte y Sur. En virtud de los acuerdo de paz de 2005, la región cuenta con un estatus administrativo especial, regido por un gobierno compuesto por fuerzas del sureño Ejército de Liberación Popular de Sudán, así como por oficiales pertenecientes al Partido del Congreso Nacional, liderado por el presidente  Bashir.

En octubre de 2013, en un referéndum oficioso,  el 99,9% de la población mostró su apoyo a una futura unión con el Sur debido a su mayor identificación étnica, religiosa y cultural. No obstante, los resultados no fueron reconocidos por el Gobierno de Jartum.

Por ello la  delimitación de Abyei ha demostrado ser hasta hora la cuestión más complicada de resolver desde la independencia de Sudán del Sur en 2011. Más aún que la determinación del resto de la frontera Norte-Sur o la división de los ingresos petroleros.

Un caso similar es el de Heglig, un enclave vital en las disputas económicas  entre ambos  actores. De esta zona, el Norte obtiene la mitad de su producción diaria de crudo, 115.000 barriles.

La razón es simple. Desde la última demarcación oficial de sus fronteras en 1956, Sudán del Norte se ha negado siempre a negociar los territorios en conflicto con el Sur, ya sea dentro de un tribunal de arbitraje de Naciones Unidas o a través de contactos de alto nivel político.

Darfur es también reflejo de este problema cartográfico. Cumplida ya más de una década del inicio del conflicto, en la que grupos, en su mayoría no árabes, se alzaron en armas contra Jartum (el 26 de febrero de 2003, el Frente de Liberación de Sudán atacaba la ciudad de Golo, para la gran mayoría de analistas, el punto inicial del conflicto), la crisis continúa agitándose.

Todo ello tan solo han servido para cobrarse decenas de miles de vidas (se estima que los fallecidos por el conflicto son cercanos a los 300.000, así como hay más de dos millones de desplazados internos) y para que el presidente Bashir disponga de  una orden de busca y captura por el Tribunal Penal de la Haya por los crímenes de guerra y lesa humanidad  cometidos en la región.

Ya mediados de 2009, el descenso de los enfrentamientos en la región motivó que el comandante saliente de la operación híbrida, Martin Luther Agwai, anunciara que Darfur ya no se encontraba en estado de guerra y que el conflicto había finalizado.

Pese a ello, solo unos meses después, Ahmed Hussein Adam, portavoz del grupo rebelde Movimiento Justicia e Igualdad, denunciaba a ABC que  cualquier tipo de colaboración con el Gobierno local, presente o futura, era «inviable», por lo que esta milicia armado solo cesaría en su lucha «con la muerte del dictador Bashir».

A su vez, de forma paralela a la independencia de Sudán del Sur en julio de 2011, el régimen del presidente Bashir se ha embarcado especialmente en una campaña contra la minoría cristiana y por una interpretación integrista de las escrituras sagradas de los musulmanes. La periodista Lubna Hussein conoce a la perfección este arrebato religioso. El 3 de julio de 2009, esta joven era condenada junto a otras doce compañeras a una pena de 40 latigazos. ¿Su delito? Vestir pantalones en un lugar público. «Antes de la llegada de Bashir al poder, Sudán era uno de los estados africanos donde las mujeres gozaban de mayores libertades y formaban parte de la élite intelectual», aseguraba entonces a este diario.

Ya en 2013, facultativos médicos sudaneses amputaban la mano derecha y el pie izquierdo de un hombre acusado de robo por orden judicial del Gobierno de Jartum. La acción se produjo en febrero, cuando miembros del hospital gubernamental Al Rebat llevaron a cabo la mutilación cruzada de Adam Al Muthna, de tan solo 30 años de edad.

La sentencia de Muthna, quien en marzo de 2006 atacaba un autobús de pasajeros entre el norte de Kordofán y el este de Darfur, fue aplicada conforme al artículo 168 del Código Penal sudanés, que castiga así el robo a mano armada cuando este provoque lesiones graves o desperfectos por valor aproximado de 1.500 libras sudanesas (algo menos de 260 euros).

Éste fue el primer caso de miembros cercenados por el Estado desde 2001, lo que demuestra el creciente auge de la «sharía» (ley islámica) en el país africano.