La ofensiva del Ejército del Congo contra los rebeldes hutus avanza terreno

«Los rebeldes están siendo perseguidos y abandonan la mayoría de sus armas», aseguró el portavoz gubernamental, Lambert Mende. De igual modo, el mando militar confirmó la captura de 93 milicianos en las provincias de Kivu Norte y Sur.

Pese a que el operativo, iniciado a finales del mes de febrero, debía caminar de forma conjunta a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en el Congo (Monusco), ésta declinó finalmente su apoyo debido a la participación de dos generales congoleños -Fall Sikabwe y Bruno Mandevu- en la campaña bélica. En este sentido, ambos se encuentran acusados de numerosas violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones sumariales y abusos sexuales.

En la actualidad, se estima que las fuerzas del FDLR -un grupo armado formado, en gran parte, por ex miembros de la guerrilla «Interahamwe», quienes llevaron a cabo el genocidio de Ruanda en 1994 y se refugian ahora en el este del Congo-, cuentan con entre 1.400 y 2.000 miembros.

Para paliar la milicia, acusada de orquestar las más cruentas agresiones contra los derechos humanos en la región, en estos veinte años se han llevado a cabo numerosos proyectos de rehabilitación de sus miembros, en un conflicto que se prolonga ya por dos décadas.

«Nuestra misión se centra en que los actuales rebeldes ruandeses que combaten en la República Democrática del Congo se incorporen a la vida civil», aseguraba recientemente a ABC Michael Butera,  jefe de operaciones de la Comisión de Desmovilización y Reintegración  de grupos armados.

«Desde 2001, hemos logrado repatriar a más de 10.000 ex guerrilleros»,  reiteraba.

El proceso, lo cierto, no resulta del todo sencillo. Tras abandonar las armas, cualquier ex miliciano realizará un curso de tres meses en Ruanda (dedicado a  borrar las heridas psicológicas) para, posteriormente, incorporarse a la vida civil en su país de origen.

«La base del proceso es el perdón de todas las partes», señalaba Butera. Aunque, a veces, las sinergias jueguen en contra.

El mayor problema del resto de milicias locales que operan en la zona es su  falta de «reconocimiento»  por parte del Gobierno congoleño: Pese a la beligerancia de la zona, el Ejecutivo de Kinshasa no reconoce la existencia de ningún grupo armado local, admitiendo tan solo la presencia de combatientes extranjeros, caso del FDLR, en su territorio (las milicias locales congoleñas son calificadas de «bandidos», no de rebeldes).

Aunque algunas evidencias sean complicadas de negar. A principios de abril de 2012, decenas de ex combatientes del grupo armado rival tutsi Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo abandonaban las fuerzas estatales para generar un nuevo  movimiento denominado M23 (en honor a los acuerdos del 23 de marzo de 2009).

Por entonces, los rebeldes reconocían que su huida tan solo era debida a las  «inhumanas» condiciones de vida  que sufrían en el Ejército (donde habían sido integrados conforme a este tratado de paz), así como al impago de salarios. Precisamente,  los rebeldes del CNDP (ahora M23) nunca fueron procesados conforme a un programa de desmovilización, sino por un acuerdo especial que les dio una reintegración directa en el Ejército congoleño, sin apenas control.

«Solo queremos que se respeten los acuerdos de paz. Conforme a éstos, el Gobierno de Kinshasa está obligado a garantizar una amnistía a los presos políticos, la integración de los grupos armados en las fuerzas estatales, proporcionar seguridad a la población tutsi, así como promover el retorno de los refugiados», reconocía entonces a ABC Bertrand Bisimwa, representante del ala política de los rebeldes congoleños. «Nada se ha cumplido», señalaba Bisimwa.

Finalmente, el grupo armado anunciaría el cese de la violencia a finales de 2013. No obstante, en diciembre pasado, al menos un millar de estos combatientes huían de la vecina Uganda, desde donde iban a ser repatriados hacia Congo.