Obama regulariza cinco millones de sin papeles: «son parte de nosotros»

Se trata de una garantía temporal de tres años, a la espera de que el Congreso revalide la medida mediante la reforma inmigratoria que está pendiente. Obama expresó su deseo de «trabajar juntos» con el Congreso, pero justificó su medida, aprobada unilateralmente por decreto, por la necesidad de resolver la situación de millones de personas.

«¿Vamos a separar familias, o somos una nación de valores familiares?», se preguntó. «Hay que deportar delincuentes, no familias; criminales, no niños», insistió Obama. Consideró que «no es realista buscar a todos los que viven ilegalmente en el país y deportarlos», por lo que las autoridades deben centrarse en expulsar a quienes cometen crímenes y dejar tranquilos a quienes, llevando ya un tiempo aquí, están «haciendo una contribución a la economía y la sociedad». «Han venido aquí para contribuir al éxito de América», añadió.

Para Obama situaciones como la explotación de mano de obra ilegal y la permanencia sin pagar los impuestos solo se arregla si quienes son indocumentados «salen de la sombra» y se registran, con la promesa de no ser expulsados.

La decisión salva del riesgo de la deportación a los inmigrantes ilegales que al menos hayan vivido cinco años en el país y sean padres de hijos con nacionalidad estadounidense (accedieron directamente a ella si nacieron en EE.UU.) o tengan permiso de residencia permanente. Eso podría afectar a algo más de tres millones de «sin papeles». Para acogerse a estas disposiciones, deberán pasar un control de seguridad y comenzar a pagar impuestos.

Un millón de personas más podrán beneficiarse de la expansión del programa de los «soñadores», la iniciativa ya aprobada por decreto en 2012 para evitar la expulsión de los menores que llegaron de forma ilegal con sus padres. Ahora bastará haber entrado en EE.UU. antes del 1 de enero de 2010, sin importar la edad que tengan en este momento.

También algunas disposiciones menores facilitarán la estancia en EE.UU. de empresarios extranjeros que acrediten la creación de empleo y la generación de beneficio para el país. La Administración también se compromete a agilar la tramitación de permisos de residencia. La regularización no afectará en cambio a los padres de los «soñadores», ni tampoco a trabajadores del campo.

No todos los cerca de cinco millones de inmigrantes ilegales a los que esta medida garantiza su permanencia en EE.UU. acabarán presentando sus solicitudes de regularización. De hecho, en la amnistía de 2012 para los «soñadores», solo se acogieron 600.000 jóvenes, la mitad de los que podían hacerlo. Muchos temen solicitarlo porque, al no tratarse de una medida definitiva, sus datos registrados podrían ser usados para expulsarles si hay un cambio de normativa.

Obama se compromete a poner mayor acento aún en la vigilancia de la frontera con México, algo que figura siempre en la prioridad de los republicanos, pero destacó la mejora del control fronterizo que ha existido en los últimos años. Si bien entre 1990 y 2007 el número de ilegales en EE.UU. pasó de 3,5 millones a once millones, esta cifra quedó estabilizada desde que Obama llegó a la Casa Blanca en 2009.

El presidente norteamericano está de acuerdo, en cualquier caso, con ley de reforma inmigratoria que demócratas y republicanos aprobaron en el Senado, pero luego estos congelaron en la Cámara de Representantes. Ese proyecto contempla destinar otros veinte mil agentes a la frontera, además de garantizar un camino hacia la ciudadanía a los inmigrantes ilegales que entren en el proceso de regularización.