Parte del Congreso de EE.UU. cuestionan la legalidad del «Intercambio Bergdahl»

Senadores y representantes han invocado la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, en inglés), que estipula que se deben notificar al Congreso con 30 días de antelación las transferencias de los presos que se encuentran en las dependencias del penal de la Bahía de Guantánamo (Cuba) a otro país.

Sin embargo, según indicó el Comité de servicios armados de la Cámara baja, la Administración Obama se limitó a informarles por teléfono ese mismo día, a apenas unas horas del envío de los presos a Catar .

Los analistas no se ponen de acuerdo sobre la legalidad o no del movimiento, ya que constitucionalmente Obama se desempeña como comandante en jefe y tiene el derecho de ejecutar operaciones que conduzcan a la salvaguarda de la vida de los ciudadanos estadounidenses.

David Pozen, profesor de Derecho en la Universidad de Columbia y también experto en la materia, apunta que la Administración Obama podría haber aludido en sus explicaciones a la inconstitucionalidad de esa parte de la ley, pero se limitó al caso concreto de Bergdahl, un argumento mucho más débil a su juicio.

El propio Obama ha reiterado en varias ocasiones que salvar la vida a un «hombre uniformado» siempre será una prioridad -una «regla sagrada»- para Estados Unidos, y ha asegurado que, pese a la polémica, lo volvería a hacer.

El malestar de los legisladores, con el influyente senador republicano John McCain a la cabeza, no solo deriva de la falta de comunicación por parte del Ejecutivo, sino también del peligro que puede suponer para la seguridad del país el transferir a cinco de los presos con más influencia entre la cúpula talibán.

El hecho de que Obama haya tomado esta decisión, que en consultas años atrás había sido rechazada por un sector de los parlamentarios, puede costarle ahora su oposición frontal a la hora de acelerar las transferencias de los reos a otros países y de cerrar Guantánamo, como prometió.

Ralph Steinhardt, experto legal y profesor en la Universidad George Washington, defiende la legalidad del proceso y alude «al poder constitucional del presidente como una sola voz en las relaciones diplomáticas de Estados Unidos» en relación a la mediación de Catar en las negociaciones, que han durado años.

«Además, no hay duda de que cualquier presidente como comandante en jefe tiene la a utoridad legal para cerrar Guantánamo , algo que incluso (George W.) Bush dijo que quería hacer y algo con lo que Obama hizo campaña con éxito en 2008», añadió.

El penal cuenta ahora con 149 presos, y el proceso de transferencia de los reos se ha acelerado en los últimos meses con el nombramiento de dos altos funcionarios dedicados a su clausura, sin embargo sigue siendo hasta ahora una de las asignaturas pendientes del presidente.

«Este caso era único (no hay otros prisioneros de guerra estadounidenses actualmente recluidos en otros países que pudieran ser intercambiados), y ahora el Congreso estará mucho menos dispuesto a trabajar con el presidente para relajar las restricciones a las transferencias en el futuro», considera Vladecke.

Y es que a las ya tensas relaciones que el presidente estadounidense tiene con el Congreso, el caso del sargento Bergdahl ha añadido agravio y ha hecho sonar en los pasillos del Capitolio las palabras «juicio político» contra Obama si una transferencia de Guantánamo se repite sin el consentimiento parlamentario.