40 años después la Corte Suprema de Chile reconoce la violación de los derechos humanos durante la dictadura

"No cabe si no reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, en parte se debió a la omisión de jueces de la época que no hicieron lo suficiente ", dijo el presidente del máximo tribunal, Rubén Ballesteros. Añadió que "principalmente porque la Corte Suprema de entonces no ejerció ningún liderazgo, pese a que las violaciones a los derechos humanos le fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos judiciales".

El reconocimiento de la Corte Suprema se suma a la declaración de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial que el miércoles pidió por primera vez perdón "por sus acciones y omisiones" durante la dictadura de Pinochet (1973-1990).

Tras una prolongada reunión de sus 14 ministros, Ballesteros leyó una declaración pública en el salón plenario del Palacio de Tribunales. Los magistrados en su declaración consideran "un deber reconocer que el quiebre de la institucionalidad democrática permitió la instalación de un régimen cívico militar que violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos de nuestro país". Reconocen que tras esa ruptura del 11 de septiembre de 1973 se registraron hechos como muertes, desaparición forzada, detenciones irregulares y torturas que "hoy día casi nadie en el país niega".

El máximo tribunal, reflexionando sobre los hechos de la época y el rol que le correspondió al Poder Judicial, "debe concluir que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones en las que se incurrió", subrayó Ballesteros. Añadió que esa actuación "constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales, lo que ahora queda sentado para todos los miembros del Poder Judicial, y también hacia las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita ".

«La sociedad pudo hacer mucho más»

Este gesto del Supremo se une a otras declaraciones de condena de las violaciones de derechos humanos en el periodo dictatorial y a peticiones de perdón de políticos de derecha, como el ministro del Interior, Andrés Chadwick , o el senador Hernán Larraín , que fueron partidarios del régimen de Pinochet.

Durante la dictadura, unas 3.200 personas fueron asesinadas y 38.000 sufrieron prisión política o tortura. El régimen militar contó con la anuencia de influyentes sectores civiles, entre ellos el Poder Judicial, poderosos grupos empresariales y algunos medios de comunicación.

De hecho, el presidente chileno, Sebastián Piñera , dijo el jueves a corresponsales que ni el Poder Judicial ni la prensa hicieron todo lo que debían para frenar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura. "El Poder Judicial no estuvo a la altura de sus obligaciones y desafíos. Pudo haber hecho mucho más porque por mandato constitucional le correspondía cautelar los derechos de las personas y proteger las vidas, por ejemplo, acogiendo los recursos de amparo que rechazó en forma tan masiva", afirmó. Agregó que "los medios de comunicación podían haber investigado la realidad en materia de derechos humanos con mucho más rigor, con mucha más profundidad y no quedarse con la versión oficial del gobierno militar". A juicio del mandatario conservador chileno, " toda la sociedad pudo haber hecho mucho más ".