Portugal, donde el cliente es el inspector fiscal

A la hora de pagar, el comerciante está obligado a registrar el ingreso y entregar a cada cliente un tiquet en el que figura la suma recibida. El consumidor puede dar o no su número fiscal al vendedor , de manera que, en caso afirmativo, la transacción se incorpora automáticamente al «perfil fiscal» del particular. Además del engorro de tener que pedir la factura sin excepción, los portugueses se quejan de la falta de privacidad, al incorporarse cada pequeña compra al sistema informático del gobierno.

Tal está siendo la polémica que muchos consumidores han llegado a dar los números fiscales del primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho , y del ministro de Finanzas, Vítor Gaspar , entre otros políticos, a la hora de pedir las facturas. Comenzó como una idea del movimiento Revolución Blanca , que en las redes sociales propuso una «desobediencia cívica irónica» de los contribuyentes a la nueva medida. Emails y mensajes con los números fiscales de varios políticos circularon entre los portugueses, que consiguieron colapsar la web de las Finanzas.

«Es una forma de protesta contra el sistema », explica a ABC João, un joven trabajador que se queja de las exigencias de Hacienda. «Ahora saben dónde comí, lo que gasté en la compra o cuando fui al cine , por poner un ejemplo». Los establecimientos no tienen competencia para fiscalizar la identidad del contribuyente por lo que se limitan a colocar el número facilitado por el consumidor. A su vez, existen mecanismos de fiscalización automáticos que se ponen en marcha cuando un contribuyente gasta en facturas más de lo que declara como rendimiento.

Introducción gradual

El pasado mes de julio el Gobierno anunció la emisión de factura obligatoria independientemente de los servicios prestados o de los bienes adquiridos. Una medida que debía entrar en vigor a principios de este año. No obstante, optó por implementarla de forma gradual y por fases , por lo que en 2013 se aplica solo a los sectores de manutención y reparación de automóviles, alojamiento, restauración, peluqueros y similares.

Para incentivar a los consumidores a combatir el fraude, se decidió que la deducción máxima en la declaración de la renta sería de 250 euros , que corresponde al 5% del IVA pagado por cualquier miembro de la familia sin cualquier límite en la factura. Ese descuento, que a primera vista parece muy atractivo, exige sin embargo gastar 26.739,13 euros en los referidos sectores. Al estar todo informatizado, los consumidores no se deben preocupar —en teoría— de hacer dichas cuentas porque es algo automático.

La obligación de los consumidores a exigir el recibo ya existía por ley en Portugal desde 2001, a iniciativa del Gobierno socialista de Antonio Guterres , pero no estaba generalizada. Las multas se actualizaron en los Presupuestos de 2011. Por no pedir factura o no conservarla por el plazo exigido por ley (cuatro años) el consumidor puede pagar una multa de entre 75 a 2.000 euros . Si es una empresa la que no pasa factura o lo hace fuera del plazo legal (15 días), la multa puede llegar a los 3.750 euros .

«Monstruo burocrático»

La medida de las facturas ha sido también muy mal acogida por los comerciantes. Tal y como explica a ABC el presidente de la Confederación del Comercio y Servicios de Portugal (CCP) , João Vieira Lopes, «no vemos inconveniente en que se pida factura pero han creado un monstruo burocrático enorme». En lo que va de año se han pedido 256 millones de facturas . «¿Qué van a hacer con ellas?», se pregunta Viera.

Para responder a este nuevo sistema de facturación, todos los establecimientos se han visto obligados a introducir máquinas y software nuevos «con valores entre los 1.000 y los 2.500 euros».

Otro aspecto importante que se debate es la protección de datos de los consumidores , «porque tienen mucha información de las personas a través de las facturas». Para el presidente de la CCP «tendría más sentido crear otros impuestos, como el de la colecta mínima, que existe en otros países para facilitar la vida de las pequeñas y medianas empresas: a partir de un cierto volumen de negocio se puede exigir la contabilidad organizada».

Con la obligatoriedad de las facturas, «las empresas pierden mucho tiempo en introducir los datos para Hacienda o deben pagar a alguien para que lo haga», subraya. Recuerda además que el Gobierno ha tenido que contratar a « 1.000 nuevos inspectores de Hacienda » para llevar a cabo esta tarea por lo que supone también un mayor gasto para el Estado.