La directora de Alcalá estaba dispuesta a dimitir si se trasladaba a Pantoja de cárcel

Hasta tal punto ha llegado esa tensión que, según ha podido saber ABC, la directora de la prisión de Alcalá de Guadaíra , María Isabel Cabello, estaba dispuesta a dimitir si se trasladaba de centro penitenciario a la «ilustre» interna , tal y como se publicó en algunos medios. Prisiones negó nada más echar a andar ese rumor que se estuviera planteando dicho traslado (que no tendría ningún sentido más que acallar lo que se estaba publicando), pero Cabello manifestó de forma clara que no seguiría en su puesto si ese cambio de cárcel se producía, algo ya descartado.

Las graves críticas contra la directora recogidas en un documento firmado por 56 funcionarios de esa cárcel han sido desmontadas punto por punto por la investigación interna realizada por dos funcionarios de los Servicios de Inspección. Durante diez días han tomado declaración a una muestra significativa de la plantilla del centro y a algunas internas del mismo , además de analizar la documentación del caso y registrar por sorpresa la celda de la cantante. Entre esos trabajadores a los que se ha tomado manifestación figura la delegada del sindicato Acaip en Alcalá de Guadaíra. Es además una de las 56 firmantes del escrito dirigido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

En ese documento, filtrado a la prensa antes de registrarlo en la Delegación del Gobierno de Andalucía, los funcionarios aseguraron: «El malestar es generalizado en la plantilla de interior por pretender la directora que tratemos a la interna Isabel Pantoja Martín como si fuera una huésped en su hotel particular».

Los funcionarios de inspección interrogaron a esta funcionaria, que reconoció haber firmado el citado escrito. Le pidieron en esa declaración que concretara a qué hechos exactos se refería al denunciar ese trato de favor hacia Pantoja. Su respuesta ejemplifica la confusión de este mediático caso: «Que yo haya visto, ninguno». Es decir, que la delegada del sindicato denunciante admite que no había presenciado nada de lo denunciado como un escándalo.

El documento en el que se recogen como privilegios el lugar donde podía fumar la tonadillera o los paquetes que podía traer a la cárcel tras su permiso está firmado por 56 funcionarios , como se ha dicho. De ellos, la inspección citó a 45 a declarar en la investigación interna. Consiguieron que lo hicieran 34. A otros once, pese a ser requeridos por teléfono reiteradamente, no pudieron localizarlos. Alegaron que estaban de baja médica o de vacaciones. Uno de los 34 declarantes dijo que él no había firmado, pese a constar en el escrito.

La investigación ha tenido otras consecuencias: la primera, la denuncia en el juzgado de guardia contra un funcionario que supuestamente coaccionó y agredió el pasado día 28 a una interna a raíz de lo que contó de este caso. La segunda, el apoyo total a la directora tanto de Interior como de la Asociación de Técnicos de Instituciones Penitenciarias (ATIP). «Estamos seguros de su profesionalidad, su respeto por la legalidad y el cumplimiento del código deontólogico de los profesionales penitenciaros» . Estos profesionales piden que se tomen medidas contra «quienes han actuado de mala fe faltando a la verdad».