Los tribunales cercan a los rostros de los años gloriosos del PP valenciano

El último en sumarse a la lista ha sido el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino , procesado por las presuntas irregularidades durante la visita del Papa a Valencia en 2006 para beneficiar a las empresas de la trama Gürtel. Pero no es el único: la lista la encabeza el propio expresidente valenciano Francisco Camps , absuelto en el conocido como «caso de los trajes» (relacionado también con Gürtel) pero imputado ahora en otra causa, la que investiga las irregularidades en la organización de los grandes premios de Fórmula Uno que albergó la ciudad de Valencia.

Francisco Camps, presidente de la Generalitat entre 2003 y 2011 , y el candidato más votado de la historia en la Comunidad Valenciana, está imputado por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en la organización del Gran Premio urbano de Fórmula Uno que se celebró en Valencia de 2008 a 2012. Junto a Camps están imputados la exconsejera de Turismo Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez «Aspar», que dirigía la empresa Valmor Sports, creada precisamente para organizar la prueba y que fue comprada por un euro en 2012 por la Generalitat, que asumió su deuda.

Aunque la investigación se ciñó en un primer momento a posibles irregularidades en la organización -la Fiscalía sostiene que la empresa se creó para maquillar los gastos del circuito, que finalmente asumió la Generalitat-, el desarrollo de la investigación y los testimonios posteriores han llevado a la acusación pública a valorar si pide que se impute también al sucesor de Camps, Alberto Fabra , que presidía el Gobierno autonómico cuando se aprobó la controvertida compra.

El rostro más reconocible del PP valenciano fuera de la región es sin duda el de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. La hoy senadora territorial llegó a la Alcaldía en 1991 (antes incluso de que el PP lograse llegar al Gobierno autonómico) gracias a un pacto con Unión Valenciana, y luego encadenó mayorías absolutas hasta 2015, cuando a pesar de ganar de nuevo las elecciones no logró retener la vara de mando.

La exalcaldesa está en el ojo del huracán por la investigación al presunto blanqueo de capitales en el PP del Ayuntamiento , que supuestamente habría blanqueado 50.000 euros de procedencia ilícita a través de las donaciones de concejales y asesores para la campaña. El juez de Instrucción 18 de Valencia, que ha imputado a 48 personas (incluidos nueve de los diez concejales actuales) y al PP como partido, ha elevado al Supremo una exposición razonada para que decida si cita a Barberá, aforada, como imputada.

Cotino es, junto a Camps y Barberá, uno de los rostros icónicos de los años de gloria del PP valenciano . Concejal con Barberá, director general de la Policía con Aznar, delegado del Gobierno, consejero autonómico con Camps y presidente de las Cortes Valencianas con Fabra, se retiró meses antes de las elecciones de 2015 para dedicarse, según dijo, a «cultivar caquis» (había sido uno de los fundadores del sindicato agrario Asaja durante la Transición).

Principal representante del sector cristiano del PP valenciano durante los últimos años, la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 , para asistir al Encuentro Mundial de las Familias, puede terminar con Cotino en el banquillo de los acusados por las irregularidades en la contratación de la cobertura del evento. Según el juez De la Mata, la Fundación que presidía, en connivencia con la antigua cúpula de RTVV, permitió que una empresa pantalla de la Gürtel (Teconsa, una constructora) hinchase el precio de un servicio que luego subcontrató por menos de la mitad. Así, se habrían desviado más de 3 millones de euros a la trama.

Ricardo Costa, que al principio era conocido como «el hermano de Juan» (secretario de Estado y ministro en los dos gobiernos de Aznar), se convirtió en el auténtico hombre fuerte del PP valenciano durante la segunda legislatura de Camps , como portavoz popular en las Cortes y secretario general. El estallido de Gürtel le costó los dos puestos en 2009. Absuelto junto a Camps en el «caso de los trajes», ahora está a las puertas del juicio oral, junto a otros dirigentes del PP valenciano de la época, por presunta financiación irregular a través de la trama Gürtel y de otras empresas, contratistas habituales de la Administración valenciana.

Serafín Castellano es otro de los rostros más reconocibles de los años gloriosos del PP en la Comunidad Valenciana, y que ahora se encuentra también cercado por los jueces. Ha sido alcalde, diputado, portavoz del PP, consejero autonómico, secretario general del PPCV... la Policía lo detuvo cuando ocupaba el cargo de delegado del Gobierno , justo después de las elecciones autonómicas.

Castellano está acusado, junto con otros políticos y funcionarios de varias comunidades autónomas , de amañar la adjudicación de contratos para la extinción de incendios en su etapa como consejero de Gobernación. En la «trama del fuego» hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas. A Castellano se le retiró el pasaporte tras quedar en libertad con cargos.

A la lista de cargos populares que tendrán que enfrentarse en breve a juicios o que están imputados (o cerca de estarlo) en fase de instrucción, cabe todavía sumar a otros dos rostros icónicos de los buenos años del PP valenciano que ya han sido condenados. Los del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y el exconsejero autonómico de Cooperación Rafael Blasco . Los dos han entrado en prisión, el primero por un delito fiscal que se estuvo instruyendo durante años , y el segundo por desviar a una empresa fondos que debían destinarse a la cooperación internacional.

A Blasco le cayeron 11 años, e ingresó en prisión en junio de 2015. En cuanto a Carlos Fabra, condenado a cuatro años, esta misma semana ha accedido al tercer grado penitenciario en atención al tiempo de cumplimiento de condena (entró en la cárcel de Aranjuez en ), a que ha satisfecho la responsabilidad civil (es decir, que ha pagado lo que debía a Hacienda) y a su edad, 70 años. La decisión se ha tomado contra el criterio de la Fiscalía, que la ha recurrido. De momento, Fabra seguirá en régimen de semi-libertad mientras se resuelve.