La jueza del caso IVAM investiga a otros dos asesores de Císcar por malversación, prevaricación y falsedad

Se trata de Jorge García Vellés , contratado por el museo como técnico encargado de coordinar y seguir las exposiciones en el extranjero, y de Pilar Mundina , que realizaba funciones de asistente personal de la exdirectora de la pinacoteca.

Respecto a García Vallés, la jueza sospecha que su contratación se realizó “a dedo” y que el investigado participó en la proyección de la carrera artística del hijo de Consuelo Císcar. Según la instructora, lo habría hecho a cargo de los fondos del IVAM ya que le organizó exposiciones e intermedió con altos cargos y galeristas extranjeros.

En su resolución, la magistrada del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia explica que existen “fundadas sospechas de que el señor García Vallés formaba parte de la trama delictiva originariamente urdida por la señora Císcar , imponiendo primeramente su contratación y posteriormente creando un puesto en el IVAM ex profeso para él, para con ello, presuntamente facilitar la consecución de sus fines delictivos ”.

La jueza a imputa también a Pilar Mundina porque siendo trabajadora del IVAJ (Instituto Valenciano de la Juventud) y, por tanto, no formando parte de la plantilla del IVAM, percibió dinero en efectivo del museo para gastos por viajes y dietas internacionales por los desplazamientos en los que acompañaba a la exresponsable del museo.

Junto a estas dos personas , en la causa están investigados (imputados) además de Císcar, otras cinco personas, cuatro de ellas con responsabilidades en el IVAM como subdirectores de distintas áreas por delitos de malversación, prevaricación y falsedad por los supuestos sobrecostes en la adquisición de obras de arte y en la contratación de publicaciones.

Se trata del subdirector general de Administración y Finanzas, el de Gestión Interna, el de Publicaciones y la subdirectora general Técnico Artística. Además está investigado el responsable de dos empresas con las que el IVAM suscribió contratos de transporte eludiendo, supuestamente, la normativa de contratación del sector público.