Una de las pintadas del Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca - INÉS BAUCELLS | Vídeo: Los ataques que sufrieron los alumnos de guardias civiles ATLAS

Los alumnos de Sant Andreu dieron una lección a sus maestros denunciados por la Fiscalía

En el punto álgido del conflicto, no dudaron en salir en defensa de sus compañeros

BARCELONAActualizado:

El Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), en el que ejercen los nueve docentes denunciados por la Fiscalía por humillar a algunos alumnos hijos de guardias civiles tras el 1-0, intenta, sin éxito, recuperar la normalidad. Familias, estudiantes y profesores coinciden en que «ya no hay vuelta atrás».

«El daño ya está hecho. Lo que han vivido nuestros hijos no se arregla con ninguna mediación política», dice en declaraciones a ABC uno de los padres denunciantes, que pide mantener el anonimato. Niega tajantemente que haya habido «cualquier intención por parte de las autoridades educativas de mediar en el conflicto», algo que, sin embargo, aseguran profesores consultados por ABC y el alcalde de la localidad, Enric Llorca (PSC), que ha hecho un llamamiento público para que el curso escolar acabe «con la máxima normalidad». La aparición ayer de unas pintadas en el muro del centro con los nombres de algunos de los profesores investigados por la Fiscalía tildándoles de «ratas» y de «nazis separatas» no ayudó precisamente a sosegar los ánimos.

«Señalados»

Padres y docentes ven complicado pasar página. «Hemos llegado a una situación que nunca hubiéramos imaginado. Volver al punto de partida ahora es difícil porque ha pasado lo que ha pasado y la Fiscalía nos ha dado la razón», apunta el padre antes citado. Por su parte, Bartolomé Barba, padre de dos de los menores afectados por el presunto hostigamiento de los docentes, considera que los alumnos señalados «han sido víctimas por partida doble».

«Se les ha señalado directamente en el aula y también sufren al ver que sus padres son atacados constantemente», mantiene Barba, que desde que se produjeron los hechos ha abanderado la denuncia en los medios. Tanto él como el otro progenitor coinciden en que los únicos que han estado a la altura de las circunstancias durante todo el conflicto han sido los alumnos, tanto los hijos de los denunciantes como sus compañeros de aula. «Desde un primer momento han dado una lección de madurez a algunas familias y profesores», apuntan.

En un contexto de gran agitación y fractura social, los compañeros de los estudiantes señalados tuvieron un gesto con ellos y convocaron a través de las redes sociales una manifestación en su apoyo. Fue el 5 de octubre, dos días después de estallar la polémica.

Una acción ejemplar

«Asistieron unos 200 y fue una acción ejemplar. Sin estridencias ni tensiones. No hubo padres, ni profesores, solo alumnos que salieron en apoyo de sus colegas», recuerdan los padres. En la nota que enviaron por WhatsApp apuntaban que la protesta era contra la actitud «irresponsable, inmadura y fuera de lugar» del centro. Pidieron, ante todo, «respeto». Esta actitud la han mantenido en estos últimos meses. Según Bartolomé, coordinador en Cataluña de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), «lo peor es que los alumnos han sufrido mucho con todo esto y aún siguen sufriendo».

La situación se ha polarizado tanto que, según señala el padre, tiene «fundadas sospechas» acerca de las calificaciones que puedan recibir este curso. «Son sensaciones por lo que me han ido explicando los padres», precisa. El profesor Josep Lluís Alcàzar, que lleva dos décadas impartiendo clases en el instituto, desmiente por contra en declaraciones a ABC las acusaciones de los padres. «En todo este tiempo solo se ha escuchado una voz, la de los denunciantes, también en el informe de la Fiscalía», afirma. El docente, portavoz del sindicato CGT, asegura que el Ayuntamiento de Sant Andreu se ofreció a mediar entre profesores y padres y citó a éstos, aunque «no aparecieron».

Alcàzar se muestra también crítico con el silencio de las autoridades educativas durante el proceso. El alcalde Enric Llorca abona su denuncia y asegura que, pese a pedir hace meses un informe por escrito sobre los hechos a la directora de los Servicios Territoriales de Enseñanza en el Baix Llobregat, aún no ha recibido respuesta. Sea como fuere, Alcázar reitera que no se produjeron las escenas de humillación que relata la Fiscalía.

«Lo que es habitual es que los chavales hablen de los temas que les preocupan. Es una característica de la escuela pública. No quiere decir que se diga ‘vamos a hablar’, pero puede ser que cuando se comentara el tema de los 15 minutos hubiera alguna intervención de algún alumno. Pero no pasó de ahí», apuntaba ayer en Rac1. De hecho, apunta a lo contrario. «En el caso de nuestro instituto ni se lee un comunicado, porque sabemos de la sensibilidad del centro en el que estamos», señala en relación a la proximidad con el acuartelamiento de la Guardia Civil.

El mismo Alcázar añade a ABC que la tensión en el centro ha ido en aumento hasta el punto de que «uno de los denunciados ha tenido que dejar el instituto». «Es uno de los profesores más veteranos. Lamentablemente no ha podido resistir la presión y se ha ido a otro centro», apunta.

Tras el pronunciamiento del Ministerio Fiscal, por otra parte, el Ministerio de Educación anunció que también intervendrá en el caso. Por el momento, ha pedido información a la Generalitat. Lo ha hecho a través de una carta en la que solicita «una amplia documentación» sobre el caso. Asimismo, ha anunciado su intención de convocar en breve una reunión «de alto nivel» en Barcelona para buscar soluciones a esta situación.