El Supremo estudia los 17 recursos contra las absoluciones del Prestige

Entre los que han presentado su recurso están el Ministerio Fiscal, el abogado del Estado y la Xunta de Galicia; y, desde Francia, el propio Estado francés , el Consejo General de Bretaña, la comuna francesa de Capbreton y el Consejo General de la Vendée. Las asociaciones Arco Iris y Nunca Máis tampoco están de acuerdo con la sentencia al igual que representantes de trabajadores del mar y empresas como Frigoríficos Ribadeo, Isidro de la Cal, Amegrove y Proinsa.

El capitán del buque, Apostolos Mangouras, y el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulo también han recurrido ante el tribunal.

La Fiscalía reclamaba en concepto de responsabilidad civil 4.328 millones de euros de indemnizaciones por los daños derivados de la marea negra que produjo el hundimiento en noviembre de 2002 del buque frente a las costas gallegas y que llegó a Francia.

Los servicios jurídicos del Gobierno gallego, por su lado, entienden que el responsable de este carguero en el momento en que se hundió incurrió en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, en un delito por daños por imprudencia grave, y en un grave delito de desobediencia a la Autoridad Marítima española.

En este mismo sentido, la Xunta aprecia que Apostolos Mangouras incurrió en graves negligencias y reclama 1,3 millones de euros por el coste estimado correspondiente al reciclado y eliminación de 10.000 toneladas de residuos de fuel mezclado con arena, agua, plásticos y otros elementos. Apunta también que procede que el Tribunal Supremo reconozca una indemnización por los daños medioambientales que cuantifican en 2.433 millones.

El 19 de noviembre de 2002, tras seis días a las deriva frente a Fisterra (A Coruña), el Prestige, cargado con 77.000 toneladas de fuel pesado y que operaba bajo la bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió provocando un inmenso vertido que anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia.

El suceso desencadenó la mayor respuesta solidaria de la sociedad civil en España frente a una catástrofe medioambiental , con miles de voluntarios de todo el país que se trasladaron a Galicia para ayudar a limpiar a mano el crudo esparcido por las playas y rocas de la costa afectada.

La compleja instrucción del caso dilató enormemente el proceso hasta el punto de que tuvieron que pasar diez años para poder celebrarse el juicio por el accidente.