El otro orgullo de Zapatero

El historiador británico Anthony Beevor declaraba días atrás, a propósito de su último libro sobre la II Guerra Mundial: « La memoria histórica de Zapatero fue un error. Las ayudas debieron ir encaminadas a ayudar a las familias para hallar los cadáveres . Pero el foco fue político. Un gran error… Eso perpetúa el conflicto de la Guerra Civil española y no ayuda a crear un acuerdo».

Beevor se refería a lo que fueron en 2007 duros debates izquierda-derecha y lo hacía poniendo el dedo en la llaga de por qué lo que debió ser un debate político se convirtió en uno básicamente emocional: el empeño personal del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de la que fuera su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, en sacar adelante con rango de ley la «52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura»; más conocida como ley de Memoria Histórica .

En ningún momento se plantearon ambos, como les aconsejó el primer ponente, Ramón Jáuregui , conformarse con un decreto-ley. Esa propuesta hubiera minimizado el debate parlamentario y, con ello, la ocasión de choque, convencido como estaba Jáuregui de que un proyecto de esas características, o salía pactado con el PP, incluso en el disenso, o estaba condenado al fracaso. Zapatero no solo se negó sino que le sustituyó en la ponencia por quien había sido su jefe de gabinete en los años de oposición, el diputado José Andrés Torres Mora, con un discurso mucho más a la izquierda.

La historia ha acabado dando la razón al exministro de Presidencia en lo que se refiere a la eficacia de la ley de Memoria Histórica. En 2011, último año de Gobierno socialista, los Presupuestos Generales del Estado la dedicaron 6,2 millones de euros, destinados exclusivamente a exhumaciones . Y en 2012, con el PP ya en el poder, la cantidad se redujo a 2,5 millones. No hubo más partidas presupuestarias. Según un auto de la Audiencia Nacional de octubre de 2008, el censo de «desaparecidos» del franquismo, muchos de los cuales estarían enterrados en tumbas sin nombre por toda España, asciende a 114.266 personas, pero estudios posteriores de asociaciones ligadas a familiares de los represaliados elevan esa cifra a más de 143.000.

Hoy es el día en que el expresidente del Gobierno sigue mencionando la «Ley de memoria histórica», junto con la ley del matrimonio homosexual, entre los mayores logros de sus ocho años de mandato , e incluso su partido ha exhortado recientemente a sus alcaldes a que constituyan comisiones municipales para seguir localizando fosas comunes y ha creado un «grupo federal» para seguir el tema.

Zapatero declaraba en 2013, durante la presentación de un libro en León, que la 52/2007 es «un importante arma de reconciliación» entre españoles tras la Guerra Civil . «Conocer, saber, el pasado de un pueblo es un derecho y reconocer lo que sufrió gente, reparar las injusticias es un deber» porque «la memoria no ofende, restituye». Pero no todos en el PSOE están tan convencidos de que la iniciativa haya estado bien desarrollada. Felipe González reconoció en 2008 que él no habría hecho una Ley de Recuperación de la Memoria Histórica, porque «la memoria no depende de las leyes», pero añadía que «hubiese intentado que la gente enterrara a sus víctimas con dignidad». Y Joaquín Leguina era mucho más duro: «Esta ley es un camello, que es un caballo hecho por una comisión, al que le sale la joroba de un impulso revanchista», decía. A su juicio, enterrar a las víctimas, «ya se podía hacer antes de la ley».