España presenta «graves deficiencias» en la lucha contra la financiación del terrorismo

Para el GAFI, el mayor problema de España es que apenas se molesta en saber dónde van las armas que fabrican sus empresas y si éstas acaban en manos de grupos terroristas o de países que pueden entregar ese material a yihadistas. El informe mantiene que «España se enfrenta a un riesgo significativo de financiación (del terrorismo) debido a la amplia gama de material militar y de doble uso controlado fabricado en España». «El sector financiero -denuncian los supervisores- se centra en comprobar las listas de sanciones, pero posee un conocimiento limitado de los riesgos de financiación de la proliferación derivados del material de doble uso o de las posibilidades de eludir sanciones».

Recuerda el GAFI que España solo en 2013 exportó más de 151 millones de euros de material militar de doble uso, es decir que puede ser empleado con propósitos bélicos. De esa partida, se exportaron 21 millones de euros en armas al régimen de Teherán sin que se sepa el destino final de ese material. «España -zanja el informe- está expuesta a un alto riesgo de elusión de sanciones relacionadas con la proliferación (de material de doble uso), especialmente con Irán».

«Preocupación» del GAFI por la posibilidad de que armas 'made in Spain' acaben en manos de los terroristas del Estado Islámico o de sus grupos afines, pero también inquietud por la supuesta laxitud de los castigos de la justicia española a los que mueven el dinero de los terroristas. El organismo reconoce el buen trabajo de los tribunales y la policía con ETA y sus tentáculos económicos. Aplaude el «desmantelamiento del aparato de financiación y económico» de la banda terrorista durante la década pasada. Es más, valora positivamente que en España «en todos los casos de terrorismo se realiza una investigación paralela de la financiación» de ese grupo.

Pero cuando habla de las penas a esos financiadores, sobre todo del yihadismo, el tono cambia a un claro reproche. «En general, las sanciones impuestas a personas que financian actividades de terrorismo parecen bajas», dice el informe. «La condena media a penas de prisión impuesta en casos recientes (de cinco a diez años) parece estar reduciéndose en comparación con la duración media de las aplicadas anteriormente (de seis a catorce años)», lamenta el GAFI, que asegura que «la práctica judicial habitual en España es imponer la pena inferior en grado de la pena prevista para el delito» en el caso de los financiadores de grupos terroristas y, en particular, de los integristas islámicos. Y ello, insiste el informe, a pesar de que «existe la posibilidad de imponer penas más severas, pero en la práctica solo se hace en circunstancias excepcionales».

Los fiscalizadores internacionales también aseguran tener «ciertas dudas» sobre la efectividad de estas débiles sanciones «para poner fin a actividades de financiación del terrorismo». El GAFI cree que los castigos tan leves apenas tienen «efecto disuasorio» sobre los responsables financieros del terrorismo yihadista. Es más, asegura que «ya existen ejemplos conocidos de personas que continúan dirigiendo actividades de terrorismo o de financiación del terrorismo desde el centro penitenciario donde cumplen condena».

El tercer gran eje de las críticas a la lucha española contra la financiación del terrorismo es la falta de interés de las autoridades del país por sacar partido a las herramientas internacionales que están a su disposición y sobre todo por intercambiar información con sus aliados. El GAFI es crítico en este aspecto porque «existe falta de coordinación entre los organismos responsables del control de las exportaciones y los encargados de otros aspectos del sistema (en particular el Servicio de Prevención de Blanqueo)». Aunque el informe admite que la coordinación en la aplicación de sanciones financieras es adecuada, insiste en que no «existe un intercambio regular de información sobre medidas de mayor alcance», como operaciones para detectar los intentos de eludir sanciones a través de sociedades pantalla.

Por otra parte, critica el organismo, España tampoco aprovecha las oportunidades que brindan las «medidas financieras o la inteligencia financiera para respaldar actuaciones para combatir la proliferación o viceversa».