Enésimo plan de Justicia para desatascar los tribunales

A las últimas reformas legislativas que ha llevado a cabo desde su departamento para agilizar los procedimientos, como poner límites a la instrucción de las causas judiciales, despenalizar las faltas o sacar de los juzgados los atestados sin autor conocido, se suma ahora un plan de digitalización de la Justicia para este mismo año.

Lo anunció ayer el propio ministro, el mismo día en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo públicos los datos de litigiosidad en España relativos a 2014, que apuntan a un ligero incremento de los asuntos que ingresaron en juzgados (8,6 millones, un 0,2 por ciento más que el año anterior) y al hecho, constatable, de que las tasas judiciales no han servido para descongestionar los juzgados , como pretendía el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Prueba de ello es que han aumentado los casos en las jurisdicciones que hasta el pasado 27 de febrero estaban gravadas con este «impuesto»: la civil (un 10,5 por ciento) y la contencioso-administrativa (8,2 por ciento). Por contra, han bajado en la Penal (2,1 por ciento), donde nunca ha habido tasas.

Con estos datos sobre la mesa, y consciente de la lamentable imagen que a día de hoy ofrecen muchos juzgados de España, Catalá se comprometió a poner en marcha una «justicia de calidad, ágil y al alcance de todos a lo largo de este ejercicio». Quiere que los ciudadanos dispongan de los medios que les permitan acceder a la Justicia a cualquier hora para informarse y realizar determinados trámites. El primero serán las notificaciones de nacimientos y las defunciones en el Registro Civil. Será el personal sanitario quien se encargará, ya en el segundo semestre de este año, de comunicarlos de forma telemática. Catalá subrayó que esto permitirá ahorrar más de 64 millones de euros al año, pues se eliminarán 850.000 trámites presenciales.

El plan del Ministerio pasa también por una justicia accesible al ciudadano desde el teléfono móvil. El ministro asegura que a finales de este año las personas inmersas en un procedimiento judicial serán avisadas por SMS (mensaje) de la fecha en que se ha fijado su juicio o, en su caso, de su suspensión.

Para después del verano se espera que esté lista una primera versión de la aplicación para móviles de Lexnet, la plataforma por la que operadores jurídicos y órganos judiciales intercambian información. El año pasado permitió ahorrar 94 millones de euros gracias a los 46 millones de notificaciones que se realizaron a través de ella. Además, en otoño se pondrá en marcha la nueva sede judicial electrónica a través de la que cualquier persona inmersa en un proceso judicial podrá tener conocimiento de cómo van sus trámites con la Justicia 24 horas al día durante los siete días de la semana, recalcó Catalá.

El Ministerio cuenta con un presupuesto de 56 millones de euros, suficiente a juicio del secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, quien ayer recordó que estos proyectos ya se estaban desarrollando en este Departamento y solo hay que darles continuidad. Es el caso de la implantación del expediente digital en la Audiencia Nacional («papel cero»), que nació con el ministro socialista Francisco Caamaño y que exportará su modelo al resto del territorio que depende del ministerio (doce comunidades autónomas tienen las competencias transferidas). Los primeros juzgados que se subrián a este proyecto serán los de Cuenca, según avanzó el ministro.

Catalá es consciente de que es necesaria una «campaña interna de convencimiento e información» de las principales medidas de este plan, y por eso «irá acompañada de procesos de formación» de funcionarios, dijo. De esta forma se dará cumplimiento al objetivo del Gobierno, que ha establecido la obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2016 de que las comunicación y trámites entre los colectivos jurídicos y las sedes judiciales se realicen de manera electrónica.

Fuentes próximas al Ministerio cifran en 50 millones las comunicaciones que se canalizan al año a través de los procuradores. Los sindicatos se muestran escépticos con estas medidas, que si bien aprueban -«todo lo que implique modernizar la Administración de Justicia, bienvenido sea», dicen-, consideran demasiado ambiciosas para la situación en la que se encuentra actualmente la Justicia.

En este sentido, subrayan que al margen de las reformas legales, el principal problema que hay que resolver es la carencia de medios materiales y personales en los juzgados, y la falta de inversión e justicia. Juan José Carral, del sindicato CSI-F Madrid recuerda que en toda España la Administración de Justicia cuenta con ocho sistemas informáticos distintos que no están interconectados ni son compatibles entre sí. A modo de ejemplo alude a que ni siquiera partidos judiciales de la Comunidad de Madrid comparten información pese a estar en el mismo territorio.