El juez Andreu rastreó dos teléfonos de ABC por una información sobre Bárcenas

En este auto fechado el pasado 2 de septiembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, pedía a Movistar todos los datos telefónicos de los periodistas Cruz Morcillo y Pablo Muñoz durante los citados días, tras abrir una pieza separada el 14 de julio por un posible delito de revelación/violación de secretos. El magistrado incoó esa pieza después de publicar el diario ABC tres días antes, el 11 de julio, parte de una conversación telefónica entre Ciro Rovai , presunto miembro de la Camorra napolitana, con un conocido suyo en la que hablaban sobre Luis Bárcenas, extesorero del PP, sin citarlo por su nombre, sino solo por su cargo.

«Bárcenas a un capo de la Camorra: Política y mafia son lo mismo». Este era el titular de la información en la que se detallaba la escucha a Ciro Rovai, quien había sido detenido tres días antes en Madrid en la «operación Tarantela» contra clanes camorristas asentados en España. Rovai contaba en una llamada del 25 de marzo de 2013, antes de que el extesorero del PP ingresara en prisión, que había hablado con él (sin dar su nombre) y que le había ofrecido ser su socio en un negocio de Limoncello (licor italiano). En esa conversación el italiano habla de Juan Costa -«he visto a una amiga de otra amiga mía que está con Juan Costa»-dice; de Eurovegas -«tenemos que abrir un restaurante ahí»-, y de que mafia y política son la misma cosa, además de referirse a otros asuntos menores relacionados con sus cuitas con la Justicia -asegura que una jueza es amiga suya- y de sus «hazañas» sexuales.

Los investigadores no detectaron ninguna reunión entre Bárcenas y Ciro Rovai después de esa conversación del italiano con su amigo Francesco, pero la escucha está incorporada a las actuaciones.

ABC durante esa semana dio cuenta de la operación, iniciada casi tres años atrás, cuando se detectó la presencia en nuestro país de miembros de la Camorra que servían de enlace a los grupos mafiosos establecidos en Nápoles. «Tarantela» se dirigió contra tres clanes camorristas asentados en España, otro de colombianos que suministraban la droga y un quinto, también de italianos, representantes de sus organizaciones en la Península.

Habían creado un entramado societario para blanquear el dinero obtenido con la cocaína, con empresas pantallas y restaurantes, uno de ellos propiedad de Ciro Rovai en Majadahonda. De los 32 detenidos (a los que se imputaba tráfico de drogas, blanqueo y pertenenencia a organización criminal, entre otros delitos) el juez solo envió a prisión a uno: Ion Jairo Granados Escobar y dejó en libertad a individuos como Abderramán César Muley, a quien se encontraron dos armas, «habitual traficante de cocaína», que se la suministraba a Rovai, según los seguimientos policiales, y que había salido de prisión tras una condena de nueve años; o a otro como Alexander Restrepo Cerón, miembro también de la organización colombiana en cuyo vehículo se halló un doble fondo para el transporte de estupefaciente.

Esa medida, contra todo pronóstico, provocó un enorme malestar entre los investigadores no solo en España, sino también en Italia, que colaboró desde el inicio en las pesquisas, con implicación de la Fiscalía de Nápoles, y donde se había preparado un despliegue para la veintena de detenciones que, sobre el papel, se iban a producir allí y que resultaron un fiasco. Andreu solo autorizó nueve de la veintena de órdenes europeas de detención que le habían solicitado los investigadores.

Tras poner en libertad aunque imputados a una treintena de individuos, lo primero que hizo Andreu el lunes 14 fue abrir la pieza por supuesta revelación de secretos y enviar un escrito al Grupo II de la Seccion de Europa del Este de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional para averiguar qué personas e instituciones tenían conocimiento de esa información obtenida en las intervenciones telefónicas, dado que las diligencias estaban secretas.

La respuesta la recibió el magistrado una semana después, mediante un oficio en el que los investigadores respondían al requerimiento judicial y aportaban la transcripción telefónica literal, así como el audio de la llamada en un DVD. El oficio consta de tres puntos: se señala que la conversación fue obtenida a través de las escuchas autorizadas por el propio juez; se explica que la llamada fue traducida al español por un intérprete; el día y la hora en que se produjo -25 de marzo de 2013 a las 19.47.22 horas-, así como las personas que fueron informadas de dicha conversación en los siguientes días y la vía utilizada.

El comisario principal que firma el escrito destaca que al ser una investigación conjunta entre el Grupo II de la UDEV y el Grupo de Blanqueo de capitales de la UCO (Guardia Civil) «ambos grupos tienen acceso íntegro a todas las intervenciones telefónicas que se han llevado a cabo», autorizadas por Fernando Andreu. A modo de resumen, concluye citando a todos aquellos que conocían la conversación: 14 funcionarios del Grupo II, todos sus colegas del Grupo de Blanqueo de la UCO; los jefes de ambos y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Una vez recibida la información policial, el magistrado continuó investigando, pero en lugar de encargar las pesquisas a los agentes de «Tarantela» lo hizo a la unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional. Ni esta unidad ni el Juzgado oficiaron en ningún momento al diario ABC para que informara sobre los números de teléfono de los redactores (son números corporativos, no personales), dado que Andreu los conocía por la relación profesional mantenida con ambos, y con esos datos previos pidió la información a las compañías telefónicas. Todas ellas remitieron el listado de llamadas entrantes y salientes de ambos periodistas entre el 1 y el 11 de julio, una acotación temporal llamativa por inusual (lo habitual es que se remonte a seis meses) y porque la escucha se había producido 15 meses antes.

El abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, actuó de forma paralela y el día 15 de julio presentó una demanda contra los redactores y el director de ABC, Bieito Rubido, por considerar que la noticia constituía un delito contra el honor del extesorero del PP. A principios de septiembre la Audiencia Nacional entregó la transcripción de la conversación a Liaño, según consta en el sumario, y le informó de la apertura de la pieza separada por un presunto delito de violación de secretos. En ese momento, Gómez de Liaño solicitó personarse como acusación particular en esa pieza secreta para conocer las investigaciones, lo que le fue denegado por el magistrado.

Cuando Andreu tuvo en su poder los datos de las compañías telefónicas ordenó que le detallaran cada uno de los titulares de los números que aparecían (más de una treintena), es decir, todas las personas con las que habían hablado los periodistas en esos días, incluidas sus llamadas personales. «La medida interesada de rastreo de llamadas telefónicas se considera proporcional y adecuada para los fines objeto de la presente causa», razona en su auto de 22 de septiembre en el que añade que «existe fundamento bastante para la adopción de la medida solicitada».

«Procede remitir oficio a la compañía telefónica a fin de que proceda a facilitar los posibles números telefónicos que pudieran utilizarse para el desvío de llamadas entrantes, así como listados de las llamadas recibidas y emitidas, listado de los mensajes alfanuméricos emitidos y recibidos, así como todos los datos que obren en sus archivos (titulares, forma de pagos, domicilio de recepción de publicidad u otra documentación de la compañía) del usuario del teléfono intervenido», señala. En ese escrito acuerda decretar el secreto de las actuaciones durante un mes (la pieza estaba secreta desde que la abrió en julio).

Cuando el juez dictó ese auto, ya conocía la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional que decretó prisión (auto 16 octubre) para dos de los miembros de la organización que él había dejado en libertad en julio: César Muley y Alexander Restrepo. Respecto del primero, la Sala señaló que había riesgo de reiteración delictiva y de fuga «por sus presumibles relaciones con la Camorra» y porque le constan «más de veinte órdenes de búsqueda cesadas con distintas identidades». Cuando fueron a detener a Restrepo para encarcelarlo después de la nueva decisión ya no lo encontraron. Sigue fugado.

El 29 de septiembre, la Fiscalía pidió a Andreu que se inhibiera en lo referido a la pieza separada y la remitiera al Juzgado Decano de Instrucción, medida que toma el 14 de octubre, mediante otro auto en el que decide levantar el secreto de la pieza que afecta a los dos periodistas, tres meses después de haberla abierto.

En cuanto la defensa de Bárcenas conoció la decisión pidió que se le diera traslado. El 28 de octubre, el magistrado acordaba mediante providencia que se entregara testimonio completo de la pieza separada al procurador de Luis Bárcenas, sin ningún tipo de cortapisa -o al menos no lo hace constar en esa diligencia- sobre todos los números de teléfono y titulares a los que se habían dirigido los dos redactores en el periodo investigado. Diez días en los que Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, como cualquier periodista, mantuvieron conversaciones con todo tipo de fuentes y contactos personales ajenos a la operación «Tarantela», pero que desde principios de noviembre están en manos de personas ajenas a las pesquisas sin ningún tipo de filtro ni reserva.