Pujol Ferrusola ofrecía sus servicios como comisionista a los empresarios imputados

Tauler ha reconocido que Pujol Ferrusola intermedió en algunas operaciones urbanísticas de su empresa, entre ellas unos negocios inmobiliarios en Roma y unas plantas solares en Ciudad Real, según fuentes jurídicas. Por estas plantas, la comisión que se llevó «Junior» fue de un 1,5% del importe de la operación, ha declarado Tauler. En general, esa comisión era de entre el 1% y el 2%, ha expresado el empresario. Fue Pujol Ferrusola quien ofreció sus servicios.

Según las mismas fuentes, Tauler ha explicado que no había «soporte documental» de las labores de intermediación de Pujol Ferrusola y ha sido muy «ambiguo» al intentar explicar dichas funciones. Todo era verbal, sin documentos, ni correos electrónicos. Sus honorarios se fijaban una vez que finalizaba el contrato entre Copisa y la otra empresa en cuestión.

Otro de los implicados que ha declarado esta mañana es Ramón Gironés, el exsuegro de Pujol Ferrusola, quien ha negado cualquier relación con los negocios inmobiliarios de «Junior», a quien solo veía cuando comían en familia los domingos , según las fuentes presentes en el interrogatorio. Gironés solo ha reconocido su participación en una operación para dar salida a unos terrenos de Hospitalet de Llobregat, por la que cobró una comisión de un 1%.

Según lo que ha declarado, el exsuegro puso en contacto al vendedor de tales terrenos -un hombre de apellido Cutillas de la empresa Focio, que murió el mismo mes en que se firmó la operación- con su amigo Xavier Corominas, un técnico del Ayuntamiento de Barcelona que le asesoró en la recalificación de los terrenos. Como la operación salió adelante, Gironés recibió una comisión del 1%, aunque en un principio le habían prometido un 3% del importe final.

Corominas, también imputado por estos hechos, ha declarado que se llevó una comisión de un 1% por esas labores de asesoría en el «contencioso» de los terrenos, lo que fueron unos 300.000 euros, que cobró en cuatro talones.

La factura de esta operación se puso a nombre de su mujer, Mercé Riera, la exsuegra de Junior, quien ha negado tener cualquier relación con los hechos. Según las fuentes jurídicas presentes en la sala, Riera ha afirmado que «tenía un trabajo muy bonito cuidando a su familia» y que se dedicaba a las labores de casa. El hijo de ambos, Ramón Gironés Riera, el excuñado de Pujol Ferrusola, se ha desentendido de los negocios investigados. Él era el administrador porque le nombró su hermana y firmaba lo que ella le decía, ha declarado.

Por su parte, los empresarios Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol –padre e hijo- , han declarado que el contrato que su empresa Emte –de construcción e ingeniería- firmó con Jordi Pujol Ferrusola es un contrato real por unos servicios de asesoramiento en el proceso de internacionalización de su empresa, según fuentes cercanas a los empresarios.

El primogénito de Pujol facilitó el aterrizaje de Emte en México, donde la empresa fundó varias sucursales y una nueva compañía, que actualmente factura unos 50 millones de euros. Las labores de Pujol Ferrusola consistieron en buscar clientes locales, analizar las empresas competidoras y evaluar los requisitos de entrada en el país. Los servicios de asesoramiento responden a un contrato de 132.800 euros, de los que 121.800 euros eran los honorarios de Pujol Ferrusola.

Los Sumarroca –quienes también aseguran que fue el hijo del político quien ofreció sus servicios- han defendido que existe una realidad que prueba que aquellos negocios fueron reales y han aportado, entre otros documentos, los billetes de avión que prueban los viajes que se realizaron a México. Sumarroca Coixet, el padre, ha declarado durante muy poco tiempo al afirmar que «desde hace treinta años» no tiene ninguna función en la empresa, pues delegó en su familia.

Todos estos empresarios están imputados por Ruz en el caso que investiga los negocios de Pujol Ferrusola , a quien el juez le atribuye los supuestos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. La instrucción se centra en el pago de ocho millones de euros entre los años 2004 y 2012 que supuestamente recibió Pujol Ferrusola por parte de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas. Según la Udef, las empresas de «Junior» cobraron por unos servicios que, en muchos casos, eran ficticios.