«Pujol Ferrusola Sociedad Anónima», un clan para la política y los negocios

Además, policías, fiscales y jueces -que ahora cuentan con el apoyo que no encontraron en el pasado- están acorralando las finanzas del clan. Ningún integrante de esta familia de nueve miembros se libra. Como el octaedro, la unidad familiar frente a la acción de la Justicia se truncó el pasado julio, cuando el patriarca, impulsado por su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, reconoció la supuesta herencia millonaria del abuelo Florenci. Oriol, el político, no estaba de acuerdo con ese paso. Los Pujol Ferrusola van a tener tiempo de coordinar sus movimientos ante la ofensiva política, policial y judicial que se les avecina durante los próximos meses.

Jordi Pujol i Soley se responsabilizó el pasado 25 de julio de una supuesta herencia de su padre banquero , Florenci Pujol, opaca al fisco desde 1980. El expresidente de la Generalitat dijo haber renunciado al legado -cuatro millones de euros- en favor de su esposa y sus hijos, a quien puso en el punto de mira.

Los responsables de tributar una herencia son quienes la reciben, pero, tras el anuncio, Manos Limpias puso una querella en los juzgados de Barcelona contra Jordi Pujol, que fue admitida a trámite. La denuncia lo acusa de siete delitos -cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, delito fiscal, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos- y sitúa a Marta Ferrusola como «cómplice y encubridora» de sus actividades.

La titular del Juzgado número 31 de Barcelona se ha dirigido a las autoridades de Andorra para recabar información, pero habrá que esperar. De momento la petición no está justificada, dado que en el Principado no existe el delito fiscal. Por eso, en la comisión rogatoria hay que acreditar los indicios que apunten hacia delitos más allá del fiscal: se trata de acreditar que la «herencia» tiene su origen en actividades criminales, como los delitos relacionados conla corrupción política (cohecho, prevaricación o tráfico de influencias). Jordi Pujol no ha entregado en el juzgado el testamento que justificaría dicha herencia.

Por otro lado, un juez de Liechtenstein, Michael Jehle, tiene abierta una causa por blanqueo al expresidente de la Generalitat. Ha solicitado a España, vía Interpol, datos sobre procedimientos que hayan sido abiertos al político nacionalista.

El primogénito tienen uno de los futuros más sombríos de la familia. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz lo investiga desde hace dos años por blanqueo y delitos contra Hacienda, junto a su exmujer, Mercè Gironés. La causa nació con la comparecencia de Victoria Álvarez, que relató viajes a Andorra en los que su entonces pareja llevaba fajos de billetes de 500 .

«Junior» movió a través de sus empresas 32,4 millones de euros en ocho años, entre 2004 y 2012. Lo hizo mediante 118 transacciones entre España y otros trece países, incluidos varios paraísos fiscales: Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia, Islas Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón. El juez está a la espera de que estos países respondan a las comisiones rogatorias cursadas.

Pujol Ferrusola y su exesposa declararon como imputados el 15 de septiembre. Se fueron de la Audiencia Nacional con buen sabor de boca, ya que el juez no impuso medidas cautelares. Pero Ruz ha dado un enorme impulso a la causa esta misma semana. Ha citado a declarar como imputados a once personas, entre ellas los exsuegros del primogénito del clan. También ha imputado a empresarios de la talla de Carles Sumarroca, fundador de Convergencia y empresario de cabecera del «pujolismo», o Luis Delso, presidente de la multinacional Isolux Corsan. Según los informes de la Udef, Jordi Pujol Ferrusola cobró de sus clientes -contratistas de la Generalitat- ocho millones de euros a cambio de servicios ficticios. Serían comisiones encubiertas.

Los imputados declararán el 12 de noviembre. Un día después lo hará la veintena de testigos que el juez Pablo Ruz citó en el mismo auto. Entre ellos está Jordi Puig, socio de Jordi Pujol Ferrusola y hermano del consejero de la Generalitat Felip Puig.

El benjamín de la familia recibió el pasado jueves todo un mazazo. Fue detenido mientras la Policía registraba su casa y la sede de sus empresas por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El magistrado admitió a trámite parcialmente una querella contra Oleguer presentada por los partidos Podemos y Guanyem, que denunciaron una transferencia de ocho millones de euros desde las Islas Vírgenes para comprar un hotel en Canarias.

Esto se une a la investigación que tenía abierta la Fiscalía Anticorrupción, que busca indicios de blanqueo en siete operaciones inmobiliarias de unos 2.000 millones de euros por parte de la gestora de fondos en la que participaba Oleguer Pujol. Entre ellas está la compra de más de 1.100 oficinas del Banco Santander. La Policía trata de dilucidar qué parte de esos fondos es propiedad de la familia Pujol y cuál es el origen del dinero. El pequeño de los Pujol Ferrusola ha hecho una enorme fortuna como gestor de fondos inmobiliarios . Aprovechó la amnistía fiscal para regularizar tres millones de euros. En ese momento reconoció tener a su nombre en el extranjero bienes por valor de 93 millones. La Agencia Tributaria también lo investiga por la supuesta herencia del abuelo en Andorra.

El llamado a seguir los pasos del padre en la política ha caído por la corrupción. El pasado 14 de julio Oriol Pujol dejó su escaño el el Parlamento catalán por su implicación en el caso de las ITV. Al perder su condición de aforado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña remitió el sumario a la justicia ordinaria, lo que dilató el proceso. Ahora la acusación de cohecho y tráfico de influencias está en manos del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. Los pinchazos telefónicos demostraron que Oriol era el contacto político de la trama empresarial que traficaba con concesiones públicas de ITV. El líder, su amigo Sergi Alsina, pagaba facturas falsas a la esposa del político, Anna Vidal. Eran, presuntamente, comisiones encubiertas por los favores políticos del exsecretario general de Convergencia.

Es, según fuentes policiales, el más inteligente y hábil del clan. No tiene ningún procedimiento abierto, más allá de los dos millones de euros que también regularizó con la amnistía fiscal. Vendió su consultora a Indra, donde sigue trabajando.

Fue el expresidente catalán quien puso a Pere, Marta y Mireia a los pies de los caballos al reconocer la herencia sin declarar. Estos tres hermanos, además de Oleguer y la madre, tenían en Andorra cuatro millones de euros. Presentaron una declaración complementaria para regularizar los fondos. Entre impuestos y multas, perderán la práctica totalidad, pero así intentarán frenar la vía penal, aunque Hacienda los está investigando. El resto de hermanos -Jordi, Josep y Oriol- ya se habían llevado su parte.