El Gobierno admite que no protegió a la menor asesinada en 2003

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) ha condenado al Estado español por no actuar de manera diligente para evitar la violación de derechos de esta madre y hija, un pronunciamiento que se produce a raíz de una demanda interpuesta en septiembre de 2012 por Women's Link Worlwide en representación de González, que presentó más de 30 denuncias ante las autoridades por la violencia que ella y su hija sufrían.

Plaza, que ha calificado de "lamentable" la muerte de la menor, ha reivindicado que España ha avanzado desde entonces "notablemente" en la normativa de lucha contra la violencia de género, con una Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, promovida por el Gobierno socialista, gracias a la cual "España es un referente en la lucha contra esta lacra". "Es un caso lamentable, dramático, que ocurrió en 2003 y, desde entonces hemos seguido avanzado y ha habido un compromiso total, absoluto y decidido del Gobierno contra la violencia de género. Y, precisamente, desde 2012 se está trabajando muy intensamente para proteger a los menores que se encuentran en supuestos de violencia de género", ha manifestado este lunes en Santander.

Así, ha insistido en que la ministra del ramo, Ana Mato, está impulsando desde el inicio de la actual legislatura medidas para la protección de los menores de edad como víctimas de la violencia de género porque "el Estado está absolutamente comprometido contra la violencia de género, es un compromiso total y absoluto".

"Se está trabajando en la modificación del artículo 1 de la Ley de integral contra la Violencia de Género precisamente para incorporar a los menores como víctimas de la violencia de género y que se puedan beneficiar de todas las medidas necesarias para su protección", ha relatado en declaraciones a los medios después de inaugurar el encuentro 'Mujer, economía y empresa', que se celebra esta semana en los Cursos Avanzados de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Plaza también ha destacado las nuevas medidas de protección para los menores aprobadas recientemente por el Gobierno de Mariano Rajoy, como que las mujeres puedan recurrir determinados autos judiciales que tienen que ver con el movimiento de los agresores condenados, tal y como recoge el Estatuto de la Víctima. "También se está trabajando en la modificación de la normativa de protección de la infancia precisamente para garantizar que los menores que se encuentran, dramática y lamentablemente, en un caso de violencia de género, puedan tener la protección debida en todos los ámbitos de actuación del Estado", ha relatado.

Al mismo tiempo que Plaza hacía estas declaraciones, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha enviado un comunicado en respuesta a la condena de la ONU. En este escrito, el departamento de Ana Mato ha señalado que tiene como "prioridad" en esta Legislatura mejorar la protección de los menores y ha destacado algunas de estas medidas.

A través de la modificación de la legislación de protección de la infancia, Sanidad quiere establecer la obligación de que los jueces se pronuncien sobre medidas cautelares de protección al menor cuando cursen casos de este tipo de violencia, ya que hasta ahora lo hacían a instancia de las partes, o la promoción de que el menor esté siempre con la madre durante y tras la instrucción de casos de violencia de género.

En su dictamen, el Comité explica que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la menor y condena al Estado por no haber protegido ni a ella ni a su hija, no castigar al maltratador y no investigar ni indemnizar a la mujer por los daños causados, según explica Women's Link Worldwide. Esta organización presentó la demanda en septiembre de 2012 ante la ONU en nombre de la mujer, quien ha estado durante más de una década pleiteando en distintos tribunales de justicia sin éxito.

Había denunciado en más de treinta ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían y solicitado medidas de protección para ambas, aunque su hija, de 7 años, fue asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor. "Tras once años de búsqueda de justicia, hay un pronunciamiento que no sólo me satisface a mí, sino que se convierte en una oportunidad para que no haya más mujeres y niñas que tengan que pasar por lo que mi hija y yo vivimos", ha explicado Ángela González a través de la ONG.

La condena obliga al Estado español a reparar de manera adecuada y a indemnizar integralmente a Ángela González -quien pedía protección para su hija desde que tenía tres años-, así como a realizar una investigación que determine los fallos que existieron en su caso y que causaron que ella y su hija estuvieran desprotegidas. Exige además que se tomen "medidas adecuadas y efectivas" para tener en cuenta los antecedentes de violencia de género a la hora de decidir la custodia y pide reforzar la implementación del marco legal para responder adecuadamente a la violencia de género formando al equipo judicial sobre estereotipos de género.