Castro afirma que la abdicación del Rey no afectará «en absoluto» al final del caso Nóos

En estos momentos quedan aún pendientes de resolución algunos recursos y peticiones. Por una parte, la Audiencia Provincial de Palma se pronunciará en breve sobre el recurso presentado por Manos Limpias contra la decisión de Castro de no imputar por presunto blanqueo de capitales a Iñaki Urdangarín, a su antiguo socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, y a la esposa de éste, Ana María Tejeiro. Por otro lado, el magistrado está a la espera de que Citibank España le remita de inmediato los datos bancarios que le solicitó el pasado mes de febrero. En caso de no ser así, el juez podría llegar a imputar a los gestores de esta entidad por un delito de «desobediencia grave contra la autoridad».

En una providencia dictada el pasado 26 de mayo, Castro recordaba que en su momento había pedido a cinco entidades que le entregasen los extractos de los movimientos bancarios de los Duques de Palma desde el 1 de julio de 2008 hasta el 1 de julio de 2010. En la citada providencia, el juez también le recordaba a otra entidad, Caixabank, que le ha de remitir la información solicitada hace tres meses en un formato legible para el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.

El pasado sábado, Castro había expresado de nuevo su deseo de acabar lo antes posible la instrucción de esta causa judicial . «Es lo que quiero», afirmó. «Pero no me dejan», señaló con ironía, después de que Manos Limpias hubiera presentado ese mismo día un nuevo recurso contra un reciente auto del juez. En concreto, dicho sindicato cuestiona que Castro haya desestimado la práctica de dos diligencias solicitadas recientemente por Manos Limpias en relación a dos juntas celebradas en julio de 2005 y en abril de 2006 por Aizoon, la mercantil cuya titularidad compartían al 50 por cien los Duques de Palma.

Finalmente, el pasado sábado declaró en los Juzgados centrales de la capital balear el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia y presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), el popular Alfonso Grau. El edil, que compareció en calidad de imputado, negó ante el magistrado que se hubiera podido producir un supuesto desvío de fondos desde el consistorio valenciano hacia el Instituto Nóos, y también señaló que el coste de las tres ediciones del Valencia Summit (2004-2006) no fue fijado por la fundación que él mismo preside.