Interior ofrece medios y agentes a Mas para sofocar el vandalismo antisistema

Otra cosa distinta sería que la Generalitat catalana, ante la imposibilidad de controlar la violencia con sus Mossos, requiera el apoyo de las UIP de la Policía Nacional. Una «petición» por parte del Gobierno catalán que, tal y como están las cosas en Cataluña, no parece de momento muy probable.

Mientras, al caer la noche, el barrio barcelonés de Sants aguardaba ayer con inquietud. Temiendo otra madrugada, la cuarta consecutiva, de altercados propiciados por el desalojo e inicio de derribo, el pasado lunes, del local «okupa» de Can Vies.

Los «okupas» convocaron a las 21:00 horas una cacerolada de protesta por el desalojo y todo invitaba a pensar que podría ser el prólogo de otra madrugada de barricadas, ataques a sucursales bancarias y sedes de CDC, contenedores ardiendo y los Mossos esquivando pedradas de los centenares de vándalos que estos últimos tres días han rematado las múltiples protestas que ha habido en Cataluña sembrando el caos. En paralelo, el Consistorio que lidera Xavier Trias intentó tender puentes de diálogo con los «okupas» a través de los vecinos de Sants, que han mudado desde el apoyo incondicional al colectivo de «squatters» al leve desmarque. Aunque sin ahorrarse las críticas la Consistorio, al que acusan de precipitarse en el desalojo del «casal»o Can Vies, ubicado desde hace diecisiete años en un inmueble de la empresa pública Transportes Metroplitanos de Barcelona (TMB), sin agotar todas las vías de negociación. Aunque había un mandato judicial que obligaba al desalojo antes de mañana. El reproche máximo a Trias es que tras el desalojo se procediera a derribar el inmueble, con la excavadora que luego los «okupas» quemaron.

Ayer tarde, el concejal del distrito de Sants, Jordi Martí, se reunió con representantes del Centro Social de Sants-Asociación de Vecinos, que ejercen de mediadores entre el Consistorio y los «okupas» y la plataforma de entidades que les apoya. Éstos, sin embargo, no acudieron a la cita y se reunieron en asamblea. Hoy harán pública su respuesta. Entre otras medidas, los vecinos propusieron parar el derribo de Can Vies, reabrir el centro y estudiar su rehabilitación. El Consistorio, declinó hacer comentarios.

El Ayuntamiento ha puesto cifra a la magnitud de los destrozos de tres noches de altercados. Sólo los daños públicos -contenedores quemados, mobiliario urbano destrozado, etc.-, suman un coste de 155.000 euros, a los que habría que añadir los daños a comercios y otras propiedades privadas. Se estima que lo uno y lo otro pudiera alcanzar los tres millones de euros . Como dato, la televisión pública catalana, TV3, señaló que la unidad móvil que los manifestantes quemaron el pasado lunes vale 500.000 euros.

El saldo de detenidos por los incidentes también va «in crescendo». Dos la primera noche, seis la segunda y en la del miércoles -donde hubo más decuarenta manifestaciones en barrios de Barcelona y decenas de otras ciuades catalanas- un total de 30. Una docena ya están en libertad con cargos. De los 30 detenidos el miércoles , siete son extranjeros -colombianos, mexicanos un italiano y uno de Bangladesh- y a los Mossos no les consta que ninguno tenga antecedentes.

Se les considera que forman parte de los 2.000 alborotadores habituales que hay en Barcelona, una amalgama de antisistemas, anarquistas, algún independentista e incluso algún delincuente común. Se suman a las manifestaciones. Ya sea por una huelga general, o por un conflicto «okupa»; y lucen tácticas de guerrilla. Los propios «okupas», como los colectivos que le apoyan, caso del 15-M, se desmarcan de estos violentos, y destacan que las manifestaciones que ellos convocan transcurren pacíficas hasta que intervienen estos vándalos.