Ruz seguirá investigando crímenes en el Sahara y torturas en Guantánamo pese al fin de la justicia universal

El magistrado analiza en un auto la nueva situación creada después de que el Congreso redujera al mínimo las competencias de jueces españoles para investigar crímenes cometidos en el extranjero. El titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco sostiene que de acuerdo a la nueva norma el delito de torturas y el de crímenes de guerra no se podrían perseguir, a pesar de que una de las víctimas de la querella inicial tiene nacionalidad española, porque no se cumple el requisito de que el procedimiento vaya dirigido contra un español o extranjero residente en España.

Ahora bien, el juez explica que, a la luz de los tratados internacionales suscritos por España, «nos encontraríamos ante una evidente colisión» entre la reciente modificación de la ley española y «las obligaciones contraídas por España en virtud de los tratados internacionales previamente ratificados y que integran nuestro ordenamiento jurídico». El juez recuerda los convenios de Ginebra y la Convención Contra la Tortura que imponen a los estados firmantes la obligación de perseguir las infracciones que se contemplan en esos convenios.

En cuanto al Sahara, Pablo Ruz rechaza archivar la investigación abierta a raíz de una querella presentada por genocidio y otros delitos contra varios militares marroquíes. En otro auto, el juez acuerda continuar con el procedimiento puesto que, tal y como informó la Fiscalía, los hechos se cometieron «en territorio que a todos los efectos, debe tener la consideración de español en el momento de comisión» del posible delito. Según Ruz, las víctimas son ciudadanos españoles dado que el Sahara Occidental era provincia española «en concreto entre los meses de noviembre de 1975 y el 28 de febrero de 1976».