La Audiencia de Palma rechaza incluir nuevos documentos relacionados con Urdangarín

El primer documento era una grabación audiovisual que contiene la declaración que Urdangarín realizó el 16 de julio del pasado año en un Juzgado de Barcelona. El Duque de Palma afirmó en aquella comparecencia, realizada a puerta cerrada, que había acudido a la Justicia para defender su intimidad y la de su familia después de la publicación de correos electrónicos de carácter personal en diversos medios de comunicación.

El segundo documento que Castro consideró que tampoco debe formar parte del caso Nóos es un ejemplar de una revista satírica que en esas mismas fechas decidió dar a conocer otros correos electrónicos íntimos de Urdangarín.

La Audiencia Provincial recuerda en su auto que la defensa de Torres consideraba que a través de dichas pruebas se podría acreditar que «todo lo que hacía o dejaba de hacer el señor Urdangarín», incluidos los correos internos intercambiados con su antiguo socio en el Instituto Nóos, «eran supervisados por los servicios de seguridad del Estado».

El abogado de Torres parte de la base de que su cliente no ha cometido ninguno de los presuntos delitos que se le imputan, si bien en caso de que se pudiera llegar a concluir lo contrario, debería tenerse en cuenta que habría actuado en todo momento «en la confianza y creencia de que su actuación se hallaba siempre dentro de la legalidad», ya que el Duque de Palma «estaba bajo el control y supervisión de los servicios de seguridad del Estado por ser yerno de Su Majestad el Rey y marido de su hija la Infanta Doña Cristina».

En el auto dictado este miércoles por la Audiencia Provincial de Palma, se señala que «no cabe duda de que las pruebas solicitadas son objetivamente pertinentes, en el sentido de que guardan relación con los hechos investigados», si bien «dichas diligencias no se presentan necesarias, en el sentido de considerarlas útiles y eficaces, al menos en este momento procesal».

La Sala también indica en su resolución que aun siendo «verosímil» que Urdangarín pudiera hallarse «bajo el control y seguimiento de los servicios de seguridad del Estado», ello no impediría que Torres pudiera tener «conciencia de la antijuridicidad» de los hechos investigados en el caso Nóos, que presuntamente incluirían malversación de fondos públicos y fraude, entre otros supuestos delitos.

Cabe recordar que Urdangarín había solicitado a Castro en septiembre del pasado año que los dos documentos citados fuesen además destruidos, petición que, en cambio, no fue atendida por el magistrado, al considerar que ambos documentos «son legítimamente propiedad de quien los presenta».